La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) comunicó el inicio de una investigación preliminar sobre el llamado para la compra de boletines de voto a utilizarse en las elecciones generales del año próximo, el cual fue adjudicado por el monto de casi G. 10.000 millones y fue cuestionado por la Asociación de Industriales Gráficos del Paraguay (AIGP).
La respuesta fue para la Coordinadora de Abogados del Paraguay (Coapy), la que presentó un pedido de investigación a la DNCP de la mencionada licitación, tras las denuncias de la AIGP de supuestas irregularidades en el proceso, y a su vez solicitó la investigación, al igual que la propia Justicia Electoral, que sostiene la legitimidad del proceso y rechaza los cuestionamientos.
Las supuestas irregularidades señaladas por los gráficos van por el lado de que solo dos empresas se presentaron, que el precio referencial de G. 280 por boletín es muy alto, el uso del rubro servicios técnicos, entre otros puntos, que el TSJE señala están justificados.
La adjudicación se dio en el mes de junio, y los oferentes que se presentaron y fueron adjudicados son AGR SA Servicios Gráficos, firma adjudicada con un monto total de G. 5.967.900.000, y la empresa Servipress, con G. 3.978.600.000.
El monto total de la adjudicación realizada por el TSJE a las dos firmas es de G. 9.946.500.000, y el precio base por boletín es de G. 275, IVA incluido, según datos de la DNCP.
Según la Coapy, estiman que la sobrefacturación es de un total de G. 8.220.400.000, por lo que solicitan a Contrataciones suspenda los pagos hasta que finalice la investigación.
Nota. En el escrito de respuesta que da la DNCP a la Coapy sobre su denuncia, la misma indica que la investigación se inició a partir de la nota recibida el pasado 2 de agosto, donde se formó el expediente DNCP Nº 7141.
La nota está firmada por Luis Godoy Duria y María Laura Maciel, de la Dirección Jurídica de Contrataciones, y expresan que la misma se reserva el derecho de investigar de oficio y/o adoptar otras medidas pertinentes al caso, dentro del ámbito de su competencia.
Con esto, el proceso queda momentáneamente suspendido hasta que se aclare el caso y se determine si hay o no irregularidades.
Más dinero. Con motivo de los trabajos que debe realizar la Justicia Electoral, en el marco de las elecciones generales del 2018, el Ministerio de Hacienda pidió a la Cámara de Diputados transferir G. 50.000 millones del presupuesto de la Caja de Jubilaciones, del rubro de adquisición de títulos y valores, al presupuesto del TSJE, para la compra de insumos y servicios, en el marco de las elecciones.
Sin control. En medio de este torbellino de dinero y cuestionamientos, el TSJE cuenta con una medida judicial otorgada por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que le exime de presentar rendiciones de cuentas a la Contraloría General de la República (CGR), lo cual oscurece aún más la administración del TSJE.
