Última Hora reveló en una serie de publicaciones el manejo discrecional de los recursos en la Defensoría del Pueblo, cuyo titular es Manuel María Páez Monges, quien tiene el mandato vencido desde el año 2008.
El contralor Roy Rodgers designó para el trabajo a las auditoras Vanessa Rodríguez, Karina Ojeda y como jefa de equipo a Ana Recalde. La supervisión estará a cargo de Édgar Cáceres Fernández, bajo la coordinación de Tatiana Miño, directora general de Control de la Administración Central.
"(...) Se impone la necesidad de verificar la ejecución presupuestaria de gastos correspondiente a la Defensoría del Pueblo, a fin de constatar si las operaciones contables y financieras fueron realizadas conforme a las normas legales y procedimientos administrativos previstos”, dice parte del considerando de la Resolución Nº 177 de la Contraloría.
Son varias las irregularidades detectadas hasta la fecha por este diario. Una de ellas tiene que ver con las masivas ausencias que registran las propias autoridades de la institución.
Páez Monges, por ejemplo, percibe mensualmente G. 25 millones sin cumplir una de sus principales tareas, que es la de atender las quejas ciudadanas. El mismo, en una nota remitida al titular del Congreso Nacional, Mario Abdo Benítez, afirma que no hace falta recibir a la gente. Ni siquiera hace oficina en la sede central de la institución, situada en Avda. Ygatimí esq. Juan E. O’Leary. De vez en cuando aparece en el local donde funciona el área administrativa de la Defensoría, en Ygatimí esq. Ayolas.
La Defensoría del Pueblo, pese a la casi nula actividad y la desidia y el abandono en que se encuentra, tiene un alto costo para el erario público, ya que mantiene un fuerte plantel de funcionarios, compuesto incluso por clanes familiares. Rita Inés Bogado Guanes, Carlos Gustavo Barboza Guanes y Noelia Griselda Monges Velázquez, por ejemplo, son los sobrinos del defensor Manuel Páez Monges, nombrados en la institución.
Además, en los meses de julio y agosto, Páez Monges destinó casi 130 millones de guaraníes para el pago de gratificaciones a unos 40 funcionarios. Las gratificaciones iban desde G. 1.500.000 hasta G. 4.900.000.
Última Hora descubrió que las gratificaciones fueron concedidas a algunos funcionarios para que adquirieran equipos informáticos de un mismo local y luego, llamativamente, los donaran a la institución y a otros, por ejemplo, de las regionales, para que paguen por el alquiler de local de la Defensoría que utilizan.
Además, Páez Monges estuvo adquiriendo combustible para el ente, a pesar de que este no cuenta con vehículos. Hasta hoy no recibimos explicación del uso que se le da a los cupos de combustible.