El consorcio denominado Concesionaria de Peajes del Paraguay, integrado por CDD Construcciones SA (Paraguay) y Ramón Álvarez Construcciones SA (Uruguay), que fue adjudicado sigilosamente para operar los 13 puestos de peajes de las rutas del país, es el mismo grupo que hace unos días fue denunciado por adulterar documentos en otra oferta que presentó al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), donde también resultó ganadora.
Se trata de la adjudicación para rehabilitación y pavimentación del tramo San Juan Nepomuceno-Ruta 6 –que las mismas empresas ganaron como Consorcio Tavai por USD 65 millones–, y cuyo integrante, Ramón C. Álvarez, fue acusado de falsificar la firma de un profesional, específicamente del ingeniero Silvio Quiñónez, quien sacó a la luz el hecho, luego de una pelea interna.
Quiñónez acusó a la empresa charrúa de falsear su firma para presentarlo como ingeniero residente, en la oferta del grupo, según evidenció el afectado. Es más, lo presentaron como experto en una especialidad que no era la suya, solo para “cumplir” con las exigencias del pliego. Hasta ahora, tanto el MOPC como la DNCP no investigaron la grave acusación. Incluso, Obras Públicas permitió el cambio del profesional después de la adjudicación, a través de un acta firmada por representantes de la contratista y la cartera. El hecho ya fue denunciado ante la Fiscalía.
Negocio Redondo. Lo concreto es que Ramón C. Álvarez y CDD Construcciones se encargarán de cobrar la tarifa del peaje a los usuarios de las diferentes rutas del país (ver infografía), desde el próximo año. El monto de la adjudicación es de G. 42.617 millones, de acuerdo a la resolución 2.115 que firmó el ministro Ramón Jiménez Gaona, que es la cifra que percibirá por año el consorcio durante los 10 años que durará la concesión (incluye el mejoramiento de cinco peajes más).
Es decir, percibirá un total aproximado de G. 426.170 millones en una década (USD 76 millones), monto que a su vez dependerá del tráfico al tratarse de un contrato abierto.
Llamativamente, la institución adjudicó la tercerización de los peajes a la oferta más cara, ya que, por ejemplo, el Consorcio Ibiray propuso percibir G. 296.426 millones (en diez años), y el Consorcio Unión planteó cobrar G. 38.069 millones (anuales). La concesión se resolvió en plena víspera de feriado del 7 de diciembre pasado.
De los 13 puestos que administrará el consorcio adjudicado, ocho peajes ya fueron modernizados por la cartera estatal y costaron USD 14 millones. Justamente, esas inversiones se realizaron para mejorar la recaudación, pero ahora los puestos serán administrados por el sector privado, lo que fue duramente cuestionado en su momento.
Solo se salvan los peajes de Ypacaraí y Coronel Oviedo de la ruta 2, que ya fueron adjudicados vía alianza público-privada.
Hasta ayer, Obras Públicas seguía manejando con total hermetismo los detalles de la adjudicación. Desde la semana pasada, este medio intentó hablar sobre la licitación con la viceministra de Finanzas, Marta Benítez, pero la funcionaria se negó a explicar los detalles.
Vale señalar que la licitación implementa la modalidad de contrato abierto por diez años, cuyo monto mínimo –que podían percibir las empresas participantes– era de 226.800 millones (más de USD 40 millones al cambio actual) y el monto máximo, G. 453.600 millones (USD 80 millones), según el pliego.
