EFE
El texto, que pasará ahora a la sanción presidencial, fue aprobado tras cerca de dos años de discusiones en el Congreso en los que se han sucedido las protestas en las calles tanto de los conductores de esas aplicaciones, como de los propios taxistas.
La Cámara Baja mantuvo este miércoles que las Alcaldías tengan “competencia exclusiva” para reglamentar y fiscalizar los servicios de transporte solicitados a través de la telefonía móvil, dentro de la normativa recogida en el Código Nacional de Tráfico.
No obstante, para ejercer la actividad habrá ciertas exigencias mínimas vigentes en todo el país: el vehículo tendrá que cumplir las características exigidas por las autoridades, relacionadas con la antigüedad del mismo, así como un carné de conducir en el que se reseñe que ejerce esa labor remunerada.
Además, los Ayuntamientos tendrán que velar para que los conductores que usen esas herramientas paguen los impuestos pertinentes y contraten un seguro especial para pasajeros, además de la exigencia de inscribirse en el sistema de la seguridad social.
“Será considerado ilegal el transporte remunerado privado individual que no siga los requisitos previstos en la futura ley y en la reglamentación municipal”, apuntó la Cámara de Diputados en un comunicado.
La Cámara Baja ratificó la decisión del Senado y votó a favor de retirar la exigencia de que los vehículos que prestan ese servicio circulen con una matrícula de color rojo, así como la obligatoriedad de que el conductor de la aplicación sea necesariamente el propietario del auto.
También excluyó del texto la necesidad de una autorización específica emitida por el poder público municipal o distrital para cada conductor que ejerza la actividad en las localidades que opten por regularla.
El proyecto pasará ahora para el presidente brasileño, Michel Temer, quien lo sancionará con los eventuales vetos que pueda considerar.
