La resolución fue firmada por los ministros Luis Benítez Riera, Sindulfo Blanco y Alicia Pucheta, tras la impugnación interpuesta por el imputado contra la agente del Ministerio Público.
Cárdenas, en su momento, alegó en su defensa una enemistad manifiesta de la fiscala contra su persona, ya que supuestamente había amenazado con imputarlo si no renunciaba a su candidatura.
Una documentación remitida por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) a la agente del Ministerio Público, que señala el presupuesto asignado para la construcción de tres aulas en el Colegio Nacional de Lambaré, fue “fundamental” para iniciar la acusación al ex jefe comunal.
En el documento se evidencia que el monto asignado para las salas de clases es de G. 69 millones; sin embargo, la Intendencia desembolsó G. 266 millones del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide).
Por el Municipio lambareño también fueron imputados Carlos Medina, director de Obras, y el arquitecto Javier Villalba. Además, recibieron imputaciones Guido Ortellado, ex director de Infraestructura del MEC, y Vicente Acosta Gibbons, actual supervisor administrativo de la localidad y ex director del CNL. Las penas por lesión de confianza pueden llevar de 6 meses a 10 años de prisión en los casos más graves.