Wilson Ferreira
CIUDAD DEL ESTE
El concejal municipal Celso Kelembu Miranda se presentó ante la Contraloría General de la República en la capital del país, donde solicitó al contralor Enrique García un examen especial y auditoría sobre la utilización del rubro destinado a publicidad, por parte de la intendenta municipal de Ciudad del Este, Sandra McLeod.
El edil asegura que la intendenta utiliza este rubro para hacer propagada de su figura personal y no como lo establece la Ley 1297/98, que prohíbe hacer propaganda, salvo en temas que tenga que ver con convocatorias a licitaciones, edictos en general, promoción de campañas de información, educación rural y sanitaria.
También se exceptúan los ávidos sobre temas de interés general, sobre prestación de servicio y defensa del consumir. La ley afecta las entidades autárquicas, descentralizadas, gobernaciones y municipalidades.
El ex concejal municipal Nicola Russo, quien acompañó a Miranda en su denuncia en carácter de abogado, explicó que la Ley 1297 está vigente hace 10 años, que prohíbe la propaganda en espacios pagados por las instituciones públicas. “Se puede publicar temas de interés general. Por ejemplo, la oficina de Defensa al Consumidor nadie sabe dónde queda en Ciudad del Este. La forma que actualmente ella (la intendenta) hace publicidad hoy es ilegal, porque esta ley prohibe. Lo que hoy hace el Municipio es propaganda política”.
LA SITUACIÓN. Russo empero señala que esta ley no castiga penalmente, “pero si la Contraloría puede determinar que la Intendenta tiene que reembolsar la plata que se gastó en publicidad si detecta anomalía, y si no devuelve, incurre en lesión de confianza y ahí puede ser imputada e irse a la cárcel. La Contraloría es la que tiene que determinar la falta y la Procuraduría del Estado tiene que exigir la devolución de ese dinero”.
La semana pasada tuvo sanción ficta en la Junta Municipal el pliego de bases y condiciones para el llamado a licitación para adjudicar a una empresa el manejo publicitario de la institución municipal por un monto superior a los G. 2.000 millones.
Miranda, en su escrito presentado ante la Contraloría, señala “que la intendenta municipal utiliza el presupuesto de la institución en publicidad para hacerse autobombo. En forma adrede, buscan hacerle creer a la población que la familia Zacarías es la única que está haciendo algo por Ciudad del Este. Esta campaña publicitaria engañosa induce directamente a hacerle creer a la población que el clan Zacarías es la salvación de la ciudad y no precisamente la institución municipal”, señala parte del extenso escrito presentado ante el contralor.
El pedido
El concejal Miranda en el escrito pide al contralor el examen especial de los libros, registros, resoluciones, contratos, adjudicaciones, comprobantes de pagos, facturas y demás documentos relativos a los gastos de publicidad y propaganda entre 2011 y 2014, a fin de determinar si la institución ha violentado la Ley 1297.
También pide que se ordene una auditoría financiera administrativa, operativa y de gestión de la administración del gasto en el mismo rubro en el ejercicio fiscal 2017 y 2018. “Pedimos que resolución mediante designe a los funcionarios especializados para realizar los procedimientos de control y fiscalización, a fin de que los mismos se constituyan en la Municipalidad”.
También que se determinen los montos de excedentes de dinero sufragados por la Comuna, en el mismo rubro, que hayan sobrepasado los tres salarios mínimos mensuales, por cada medio con relación a difusión de folclore y cultura nacional.
Igualmente, solicita que el dictamen de la Controlaría sea remitido a la Cámara de Diputados, “para solicitar la intervención de la Municipalidad y a la Fiscalía de Delitos Económicos, para reportar los hechos punibles que surgieren del análisis documental y jurídico”, mencionó.