29 mar. 2024

Con tecnología 3D jóvenes presos hacen prótesis para niños escasos recursos

Un grupo de jóvenes chilenos recluidos en un centro de la ciudad sureña de Valdivia están aprendiendo a utilizar la tecnología 3D para fabricar prótesis ortopédicas que serán utilizadas por niños de familias de escasos recursos.

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Con tecnología 3D jóvenes presos hacen prótesis para niños escasos recursos. Foto: peru.com.

EFE


“Los chicos nos han sorprendido gratamente con su motivación y compromiso con el proyecto”, señala a Efe Montserrat Arévalo, encargada del programa “La libertad de Emprender Sueños 3D”, impulsado por la Fundación Ciudad del Niño.

Arévalo reconoce que “al principio hubo resquemores respecto a cómo se iban a llevar los procesos de aprendizaje, sobre todo con el uso de los software especializados y con el cuidado de las máquinas”.

La iniciativa nació de la necesidad de “buscar oportunidades de capacitación y reinserción laboral a jóvenes condenados que no tienen el beneficio de la libertad”, explicó.

“Antes, lo que se buscaba desarrollar con personas en situación de vulneración o segregación era la integración, pero este concepto no logró responder a las necesidades completas de la reinserción, porque un individuo que es considerado diferente es difícil que se integre en un ambiente normal”, planteó Arévalo.

Los jóvenes seleccionados para participar en este programa cuentan con “el apoyo de sus familias en esta nueva oportunidad de mejorar sus vidas”, y eso es algo que se ve reflejado “en el entusiasmo que han puesto en el proyecto”.

Además del trabajo en prótesis ortopédicas, los reclusos jóvenes fabricarán productos corporativos para así reunir los recursos necesarios para adquirir de los materiales ortopédicos.

“Es una manera de garantizar la sustentabilidad de estos talleres”, aclara la coordinadora.

El proyecto abarca también un objetivo de desarrollo socioeducativo, ya que las prótesis son donadas a instituciones que trabajan con personas con capacidades diferentes que requieren alguna de ellas, pero que carecen de recursos para comprarla.

“La idea es que podamos seguir replicando el programa tanto en Valdivia -ciudad situada a 835 kilómetros al sur de Santiago- como en otros lugares del país. Esto van en beneficio de los jóvenes, pero también de los niños que reciben las prótesis”, enfatiza la representante de la Fundación Ciudad del Niño.

El proyecto tiene una duración de un año y cuenta con la financiación del Banco de Chile, por medio de la fundación Desafío Levantemos Chile, así como con la colaboración de una empresa del sector.

“Estamos en conversaciones con otras que también los puedan tomar como trabajadores, pero la prioridad es capacitarlos para que puedan ser emprendedores”, indica Montserrat Arévalo.

“Nosotros ya contamos con varias empresas de la zona que colaboran con el programa y están dispuestas a considerar la reinserción como una tarea de la sociedad en su conjunto”, asegura.

Según el informe del anual 2016 del Servicio Nacional de Menores (Sename), existen tres cursos de capacitación en todo el país, para 21 jóvenes en privados de libertad por un monto de 15 millones de pesos (unos 23.000 dólares).

Este proyecto no recibe recursos del Estado, por lo que su continuidad en el centro de reclusión de Valdivia y su extensión a otros dependerá del acceso a recursos de privados que tengan la Fundación Ciudad del Niño, encargada de la implementación y coordinación de los talleres.

Según el último informe sobre el estado de las causas penales por responsabilidad adolescente 2015, el 4 % de los jóvenes chilenos (14 a 18 años) han incurrido en una falta o delito. De estos, han recibido sanciones el 5 %, quienes se encuentra cumpliendo condena bajo un centro de régimen cerrado con 39 % de reincidencia.

“No se estaría cumpliendo la obligación legal (de reinserción) ya que esto está quedando sujeto a la voluntariedad y la disponibilidad de recursos por parte de las instituciones, una situación que impacta en la fragmentación de la intervención que reciben los adolescentes como parte de la sanción impuesta”, concluye este informe, elaborado por el Congreso en 2015.

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