Por Édgar Medina
CIUDAD DEL ESTE
Los vecinos de la fracción Don Teo, del barrio Ciudad Nueva, de Ciudad del Este, Alto Paraná, sostienen que son avasallados por la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), para la instalación de una línea de transmisión de 220.000 voltios, ya que siguen los trabajos, con custodia policial, pese a la oposición.
Desde ayer, los funcionarios procedieron a la colocación de los cables desde la subestación Presidente Franco, ubicado en el kilómetro 6 hasta el kilómetro 9 Acaray.
En consecuencia, un grupo de aproximadamente 30 personas intentó manifestarse contra el trabajo, pero fueron persuadidos a desistir por una dotación de agentes antimotines del Grupo Especial de Operaciones, que acompañó la tarea. En consecuencia, los afectados optaron por permanecer en sus casas.
Mientras tanto, los funcionarios procedieron a talar un árbol plantado hace 25 años en el barrio, para dar paso a los cables, lo que molestó a los vecinos, quienes sostienen que en una calle de 8 metros no se debería instalar una red de alta tensión de energía eléctrica.
La línea provisoria se construye, para que se pueda realizar la repotenciación de la línea de alta tensión que conecta la Central Hidroeléctrica Acaray con la subestación Presidente Franco. A esto se debe agregar la construcción de una subestación en el centro de Ciudad del Este.
Con relación al caso, la Junta Municipal realizará una audiencia pública con representantes de la ANDE, de la unidad del medioambiente de la Fiscalía y los vecinos afectados, para esclarecer los alcances de la construcción, en la próxima semana.
RESISTENCIA. Desde hace más de un año, los vecinos resisten a la construcción de la obra, porque sostienen que la exposición al alto voltaje produce enfermedades mortales, pero la entidad estatal recurrió a la Justicia y logró un amparo judicial. Para la ANDE, la obra no constituye peligro, ya que las construcciones se realicen dentro de los parámetros internacionales y hay un compromiso de retirar las instalaciones en 24 meses.
Hace dos semanas, personas desconocidas habían tumbado una torre, cuya construcción costó unos 300 millones de guaraníes, y cortaron los pernos de anclaje de otra, a unos 500 metros del lugar donde ayer estuvieron trabajando los funcionarios.
La Fiscalía abrió una carpeta de investigación penal, para tratar de identificar a los responsables.
