Una hora antes, a las 13.05, las autoridades de esa casa de estudios quisieron frustrar el procedimiento mediante un amparo constitucional presentado a contrarreloj ante el Juzgado en lo laboral de Asunción. El juez de turno, Jorge Barboza Franco, resolvió no hacer lugar a la “medida de urgencia” solicitada por la UPAP contra el Cones y fijó una audiencia de conciliación para este viernes a las 9.00.
forzado. Curioso fue confirmar, cerca de las 18.00, que las autoridades de la UPAP recibieron de buen grado al equipo interventor, liderado por el Dr. Julián Agüero De León. “Ellos me aceptaron como interventor, nos recibieron bien y prometieron absoluta ayuda en entregar todos los informes que solicitemos y vamos a trabajar juntos”, apuntó Agüero De León al señalar que hoy, a partir de las 8.00, ocupará el lugar del rector de la universidad, Gerardo Fogel, mientras dure la intervención.
“Ellos aceptaron porque ya se rechazó la medida, ya que el juez dispuso que no corría la medida cautelar de urgencia”, dedujo a su vez el abogado Beltrán Villalba, actuario judicial del despacho del magistrado Barboza.
Al interventor le extrañó lo del amparo, en virtud a que no te- nían –dijo– información al respecto. “Entonces mañana (por hoy) voy a ir y, si encuentro el amparo, vuelvo”, indicó sobre el hipotético caso en que el fallo del juez resultara favorable a UPAP.
celeridad. La intervención se resolvió el 16 de junio pasado ante una serie de “inconsistencias” detectadas en los documentos presentados bajo declaración jurada al Cones.
La documentación que acercó la UPAP “fue insuficiente”, respecto a la primera entrega que hizo la institución sobre sus ofertas académicas.
“Se encontró un montón de inconsistencias y se determinó que la mejor medida es la intervención para ver qué es lo que está pasando”, expuso el abogado Derlis Noguera, secretario general del Cones.
El plan –explicó– es concluir la intervención en 90 días, pese a que en la resolución 257/17 se dispuso hasta 6 meses para el desarrollo del procedimiento.
“La primera medida sería tratar que la intervención no sea tan prolongada; creo que 90 días se estaba viendo como para tener una visión clara de lo que va a pasar acá en la universidad”, indicó.
Buscan evitar –concluyó– que los alumnos “entren en zozobra” porque todos los días llegan al órgano rector, preocupados por su situación.
