El que fuera titular del cuerpo legislativo municipal entre los años 2006 y 2007 recordó que durante su gestión se encontró con que en el rubro destinado a pagar a aquellos funcionarios que querían ser sacados del plantel solo se contaba con un dinero que oscilaba entre los G. 10 y 15 millones.
Al respecto, apuntó que para sacar a gente con dos o tres años de antigüedad se precisa al menos de G. 7,5 millones por cada caso, por lo que la citada suma era absolutamente insuficiente para el objetivo que el mismo buscaba.
“Ese es el truco para que no se pueda despedir a nadie. Nunca hay dinero para aquel administrador que quiere reducir el número de empleados. Es una verdadera trampa”, reiteró el ex edil.
Indicó que apelando a lo establecido en las leyes pudo destituir durante su administración a solo 35 funcionarios con hasta seis meses en la institución, en la que contaba con 460 individuos.
Agregó que una investigación previa indicaba que gente más antigua ya tenía cierta estabilidad y había antecedentes de que la mayoría ganaba demandas en el ámbito judicial. “No me podía exponer a esa situación que también sirvió para que la bancada de Patria Querida se quede sola, ya que las demás cuestionaron esta decisión”, lamentó.
POSTURA. El director de Hacienda de la Comuna asuncena, Óscar Orué, confirmó que existe el rubro 845 para el pago de indemnizaciones a empleados que vayan a ser despedidos, pero que este no cuenta efectivamente con dinero para cumplir con ese objetivo.
“Existe el objeto de gasto, pero no hay crédito presupuestario, es decir, el monto para abonar. Tampoco nos podemos endeudar para pagar eso porque está clasificado como gasto corriente”, indicó.
Dijo que el Gobierno central tiene la figura del retiro voluntario y que contempla precisamente la indemnización por despido injustificado. “Pero nosotros no implementamos eso porque no hay recursos disponibles. El gobierno municipal tiene presupuesto autónomo”, expresó.
Todo esto se suma a la existencia de una cláusula en el Contrato Colectivo de Trabajo (CCT) que también impide la reducción del personal municipal, como una suerte de derecho familiar para que el futuro jubilado pueda colocar a un hijo o esposa en su puesto, lo cual fue desmentido por los dirigentes del sindicato Simuca.
