“Existe una base razonable que permite creer que, durante el interrogatorio de estos detenidos, miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses y de la CIA recurrieron a métodos constitutivos de crímenes de guerra”, afirmó Fatou Bensouda en un informe sobre sus exámenes preliminares, la etapa previa al inicio de una investigación.
La fiscala tiene que decidir “de forma inminente” si pedirá o no a los jueces la autorización para abrir una investigación sobre estos supuestos crímenes, cometidos por las Fuerzas Armadas y la CIA, pero también por los talibanes y las fuerzas gubernamentales afganas.
Según los elementos de que dispone, la fiscal estima que miembros de las Fuerzas Armadas habrían infligido a “al menos 61 detenidos actos de tortura, trato cruel, ofensa a la dignidad de la persona en territorio afgano”.
Asimismo, miembros de la CIA “habrían infligido a al menos 27 detenidos” estos mismos actos en Afganistán y en otros países miembros de la CPI, como Polonia, Rumania o Lituana.
Pero es poco probable que soldados estadounidenses y los agentes de la CIA implicados en los casos de tortura sean objeto de encausamiento, ya que Washington no ratificó este estatuto fundador de la Corte Penal Internacional. afp
