La imputación fue presentada por los fiscales Cinthia Leiva Cardozo y Marcelo Saldívar Bellasai contra la directora de la firma Lainuz S.A., Carmen Carolina Fernández de Peralta (43), y los arquitectos Pedro César Duarte Núñez (53) y Asunción Beatriz Maidana Vega (52), de la Dirección de Área Urbana y de la División de Obras Municipales.
Según la Fiscalía, estos serían los presuntos responsables de la muerte de la niña de 2 años que se había electrocutado en una plaza pública de Ciudad del Este.
La mencionada empresa realizó los trabajos de remodelación de la plaza Agustín Van Aaken, donde la niña se electrocutó el pasado mes de enero.
El proceso penal contra los imputados es por los hechos punibles de homicidio culposo y actividades peligrosas en la construcción.
La pequeña estaba jugando en la plaza y al caminar sobre un cantero que rodea a un árbol sufrió la descarga eléctrica.
La pequeña fue socorrida y trasladada al hospital de la Fundación Tesãi, donde estuvo internada por 17 días, hasta que finalmente falleció por un edema cerebral difuso postelectrocución. Quemadura por electrocución, según los resultados forenses.
Durante la investigación, una comitiva de la Fiscalía y de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) constató el incumplimiento de las exigencias del cuidado técnico que requieren los sistemas de instalación eléctrica en espacios públicos.
La carpeta fiscal sostiene que la empresa entregó el trabajo de mejoramiento a la Comuna el 30 de marzo de 2015 de manera irregular, y los arquitectos recibieron la obra sosteniendo que fue ejecutada conforme a las especificaciones técnicas exigidas.
Sin embargo, un informe técnico de la ANDE sostiene que las instalaciones eléctricas no fueron realizadas conforme a tales especificaciones ni se respetaron las reglas generales de la construcción.
Esta situación generaba un peligro constante a las personas que acudían a la plaza de referencia y en un hecho condicionante para que se produjera la descarga eléctrica que sufrió la niña, que posteriormente le causó la muerte.
El Ministerio Público solicitó 6 meses de plazo para la presentación del requerimiento conclusivo; del mismo modo, requirió la aplicación de medidas alternativas a la prisión para los imputados.
