Hace poco más de un año que la Fiscalía Anticorrupción investiga al diputado colorado por Paraguarí Tomás Éver Rivas por presuntamente hacer figurar a tres empleados particulares suyos como contratados en la Cámara Baja. A pesar de contar con numerosos elementos que comprometen al legislador cartista, el Ministerio Público aún no formuló ninguna imputación.
Ahora, el legislador por Honor Colorado ocupa el segundo lugar de la lista de candidatos colorados a diputados por el Departamento de Paraguarí. En primer lugar está el ex gobernador departamental Miguel Cuevas.
La causa se abrió en marzo del 2017, con base en una denuncia presentada por la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Desde entonces está a cargo del fiscal Luis Piñánez.
El caso de los caseros de Tomás Rivas había sido publicado días antes por ÚH, en una investigación periodística que reveló que Reinaldo Chaparro Penayo, Lucio Romero Caballero y Nery Franco González figuraban como funcionarios de la Cámara a cargo de Rivas, pero en realidad trabajaban en propiedades suyas en Lambaré, Mbuyapey e Ybycuí, respectivamente.
Apenas tres meses después de iniciada la investigación fiscal, el legislador fue designado como miembro suplente ante el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en una sesión cuestionada por sectores de la oposición. De esta manera, el fiscal Piñánez terminó investigando a un diputado con poder en el órgano encargado de suspender y sancionar a los agentes fiscales.
PESQUISA. La Fiscalía Anticorrupción ya tiene informes del Laboratorio Forense sobre datos obtenidos de compañías telefónicas, acerca de las personas investigadas.
De igual manera, la investigación ya recolectó informes del Banco Nacional de Fomento (BNF) sobre el movimiento de las cuentas habilitadas para estos empleados para el cobro de sus salarios. Con esto, el fiscal ya conoce cómo y dónde cobraron sus sueldos los tres empleados asignados al diputado.
A finales del año pasado, una comitiva fiscal se constituyó en la Municipalidad de Ybycuí y en la Gobernación de Paraguarí, en busca de eventuales oficinas parlamentarias en las cuales pudieran haber sido asignados los funcionarios de Rivas. No se constató la existencia de estas oficinas.
EMPLEADOS. La denuncia contra Rivas es por cinco delitos: cobro indebido de honorarios, estafa, lesión de confianza, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias. La Coordinadora de Abogados también denunció a los tres presuntos planilleros.
Los antecedentes refieren que Chaparro y Romero figuran como contratados en la Cámara Baja desde el 2013, cuando Rivas asumió como legislador. Ambos tienen salarios de G. 2 millones al mes. Sin embargo, las publicaciones periodísticas revelaron que Chaparro en realidad trabajaba como casero del legislador en la residencia de su familia en Lambaré, mientras que Romero se desempeña como encargado de la estancia de Rivas en Mbuyapey.
Por su parte, Nery Antonio Franco González fue contratado a mediados del 2016, con un salario de G. 3 millones. Sin embargo, él en realidad trabajaba en un negocio privado en Ybycuí, según documentó ÚH con fotografías y videos.
NEGAR TODO. En un principio, Rivas aseguró que se trataba de una persecución y que no iba a brindar respuestas. Luego sostuvo que los funcionarios supuestamente se encontraban de vacaciones, cuando fueron registrados por ÚH trabajando en sus propiedades. Sin embargo, esta situación era desconocida por la misma Cámara Baja.
Los tres funcionarios no marcaban presencia en la Cámara con el reloj biométrico, sino que una vez al mes el diputado presentaba una planilttla firmada por ellos.
Durante la investigación fiscal, varios funcionarios a cargo de Rivas en la Cámara Baja prestaron declaración a favor de los presuntos planilleros. Aseguraron que Chaparro y Franco son los choferes del legislador colorado, mientras que Romero es su secretario privado.
Sin embargo, la investigación fiscal cuenta con diversos elementos, entre ellos datos de compañías telefónicas, que certifican que los supuestos choferes y el secretario prácticamente no se acercaban a la Cámara de Diputados.
El diputado Rivas aún no fue llamado por la Fiscalía a una audiencia de declaración indagatoria.
Esquema similar al de Ibáñez
El esquema utilizado por Rivas para hacer figurar a sus empleados particulares como funcionarios de la Cámara de Diputados es similar al que usó su colega colorado, José María Ibáñez. La diferencia entre ambos casos es que Ibáñez llegó a ser procesado.
En el 2013 la Fiscalía de Delitos Económicos lo imputó por los delitos de estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso, así como cobro indebido de honorarios.
La pesquisa fiscal determinó que el legislador por Central hizo figurar como contratados en la Cámara Baja a tres caseros de su quinta en Areguá: Favio Ernán Gómez, Éver Isaac y Viviana Patricia Falcón Valenzuela. Si bien el Ministerio Público solicitó que su caso vaya a un juicio oral y público, la causa hasta ahora está paralizada por chicanas.