La jueza Penal de Garantías de Ciudad Este, Alba Meza, hizo lugar a la extinción de la acción penal con respecto a la muerte de Agustín Ramón Alegre Cano, el funcionario de la Dirección de Aduanas que murió en un accidente de tránsito en junio del 2015, con más de G. 1.100 millones en efectivo en su poder.
Además, ordenó la transferencia del monto mencionado a cuentas corrientes abiertas a nombre de un juicio sucesorio.
Esto atendiendo a que sus familiares afirmaron que el dinero debe ser introducido en la sucesión.
Sin embargo, el fiscal Marcelo García de Zúñiga apeló el fallo argumentando que se opone a esto, señalando que no puede ser incluido en la sucesión un bien que consideran de origen dudoso.
causa penal. Explicó que se abrió una investigación penal para saber el origen sobre G. 361.265.000, USD 149.200 y 47 reales incautados, debido a que existen suficientes elementos para sospechar que el dinero que tenía Alegre cuando murió es de origen ilícito.
El representante del Ministerio Público también alegó que la jueza hizo alusión a la pesquisa de una sospecha sobre una conducta punible de Alegre Cano, quien al momento de su deceso se habría encontrado cometiendo los supuestos hechos punibles de cohecho pasivo agravado, enriquecimiento ilícito o lavado de dinero, pero dijo que a causa de que falleció, ya se debía extinguir el caso. Sin embargo, hizo caso omiso sobre el comiso, según el fiscal.
“La jueza dispuso la clausura del proceso investigativo con respecto a la muerte de Alegre, es decir, por la persona, cuando en realidad la causa es sobre la cosa, es decir, el comiso que es el objeto de la presente investigación”, señaló García de Zúñiga.
También resaltó que el juez Humberto Otazú había decretado la medida cautelar de secuestro de los bienes en cuestión, justamente para resguardar la finalidad de la investigación.
Pero posteriormente los familiares del aduanero plantearon que el Juzgado de Hernandarias lleve el caso, en cuya jurisdicción se había registrado el accidente fatal.
Alegre era coordinador del Departamento Técnico Aduanero de Vigilancia Especializada (Detave). Su salario era de G. 5.330.000, más G. 1.000.000 de gratificación.
Por tal motivo, la Fiscalía recalca que el dinero incautado podría ser producto de una coima y estaría relacionado con lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.
Asimismo acotan que es muy llamativo que el aduanero supuestamente haya tenido el dinero en efectivo en su vehículo todo el día, cuando en operaciones grandes es más común la utilización de cheques o apelar a transacciones electrónicas.
Pero la viuda y el hijo del funcionario aseguraron que el dinero era para la compra de un nuevo local de la empresa Farmadosis, una firma presidida por Alegre Cano.
Incluso presentaron una declaración ante un escribano para ratificar esta versión.
No obstante, en todas las acciones judiciales la Fiscalía se opuso a la devolución del dinero, debido a que la investigación aún está en una etapa incipiente. Entre otras cosas están pendientes las pericias en el teléfono del fallecido y a la copia de su disco duro.
La causa había rebotado de juzgado en juzgado
El caso sobre el dinero se inició en Asunción, después pasó al juzgado de Hernandarias, volvió a la capital para luego ser devuelto a Alto Paraná.
En un principio, la causa fue tomada por el juez Otazú, quien ordenó el secuestro del dinero incautado. Luego declinó su competencia y remitió la causa al juzgado de Hernandarias.
El caso fue aceptado tras esto por el juez Amílcar Marecos, de Hernandarias. Pero, finalmente, fue a parar al despacho de la jueza Alba Meza.
Por otra parte, el fiscal Hernán Galeano allanó la oficina de Alegre Cano, ubicada en el puesto de control del kilómetro 60 de la ruta 7, en Minga Guazú, donde se incautaron varios documentos, además se realizó una copia del disco duro de la computadora que usaba el hombre.