El contralor es procesado por producción de documentos no auténticos y uso de documentos públicos de contenido falso. En el caso también fueron imputados Julio Orlando Giménez y Rodolfo Duarte.
El fiscal pidió medidas alternativas a la prisión para los tres. De acuerdo con el Ministerio Público, Guerrero solicitó además el desafuero del contralor.
El caso data del 2016, cuando la Municipalidad de Asunción rescindió el contrato a la empresa Ivesur, sin abonarle una indemnización por la cancelación del acuerdo firmado.
En primera instancia, la firma que realiza inspecciones automovilísticas ganó la demanda a la Comuna capitalina por incumplimiento de contrato.
La Municipalidad de Asunción, que en principio presentó un documento de apelación, posteriormente solicitó una serie de pericias caligráficas, tanto de los funcionarios asignados a la Primera Sala de la Cámara de Apelaciones como de otras personas que pudieran tener participación en la realización y presentación de los escritos ante la Cámara de Apelaciones, constándose que las firmas eran falsas.
En la causa había sido nombrada la fiscala Nadine Portillo, sin embargo, fue apartada de sus funciones por estar involucrada en los audios en los que el secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), Raúl Fernández Lippman, en diálogo con el senador Adolfo Ferreiro, habla de proteger al contralor de una acusación probable y que ya se habló con Portillo para frenar ese trámite.
