EFE
Esa aceptación sin la aprobación del Congreso supone una violación de la Constitución de EE.UU., según los demandantes.
Tras asumir la Presidencia en enero, Trump decidió no desvincularse de la propiedad de la Trump Organization, un conglomerado inmobiliario internacional, y solamente renunció a sus cargos dentro de la compañía para ceder el poder a sus hijos Eric y Donald Jr.
Pese al “mandato constitucional” existente, “el acusado ha optado por aceptar numerosos beneficios de Estados extranjeros sin buscar u obtener primero la aprobación del Congreso”, sostienen los demandantes.
Los impulsores de esta iniciativa judicial contra Trump son el senador Richard Blumenthal y el legislador John Conyers, a quienes se han sumado otros 194 miembros demócratas del Congreso.
El pasado lunes, los fiscales generales del estado de Maryland y del Distrito de Columbia presentaron otra demanda similar contra Trump por mantener la propiedad de sus negocios y verse expuesto a posibles conflictos de intereses e influencia del dinero de Gobiernos extranjeros.
En una rueda de prensa en Washington, los dos fiscales acusaron a Trump de cometer una “flagrante violación” de las provisiones constitucionales contra la influencia del dinero de intereses extranjeros o nacionales, así como de crear un Gobierno “corruptible”.
La de hoy es la tercera demanda similar interpuesta contra Trump y la primera se anunció en Nueva York solo tres días después de su llegada a la Casa Blanca, el pasado 23 de enero, patrocinada por una organización civil con sede en Washington.
