El Poder Ejecutivo designó a los miembros de la Suprema Corte de Justicia Militar sin el acuerdo del Senado, tal como lo establece la Ley 840/80 Orgánica que conforma los Tribunales Militares.
La abogada Laura Vera Francou, defensora de varios militares recluidos en la prisión militar de Viñas Cué, solicitó al presidente de la República, Horacio Cartes, a través de un recurso de reposición, la nulidad de los decretos de nombramientos del presidente, miembros titulares y miembros suplentes de la Suprema Corte de Justicia Militar.
Los mismos se realizaron entre diciembre del 2015, y febrero del 2016, mediante decretos presidenciales.
La Ley 840, en su artículo 10 señala taxativamente que “La Suprema Corte de Justicia Militar estará formada por tres oficiales generales o superiores nombrados por el Poder Ejecutivo, previo acuerdo del Honorable Senado”.
“Ellos están de manera ilegal, es una usurpación de cargos. Vamos a denunciar en la Fiscalía Ordinaria o eventualmente haremos una denuncia a través de la Corte Suprema de Justicia, estamos analizando”, expresó la letrada.
De hecho, el pasado 23 de agosto, la oficina de Atención a la Ciudadanía de la Cámara de Senadores aseguró que no existían documentos en relación a un acuerdo otorgado hacia los oficiales superiores (ver fascímil).
Los integrantes actuales del Tribunal Militar son el coronel Pastor Agüero Alder, el coronel José Domingo Durán Martínez, y el coronel Felipe Mercado Bogado (titulares), además del coronel Aníbal Armando Vallejo Ávalos, el teniente Coronel Édgar Antonio Leguizamón, y el coronel Rubén Eladio Aquino Cabrera (suplentes).
A GARCETE. Lo llamativo del caso es que los mismos militares que fueron nombrados, ignorando la Ley de conformación de los tribunales castrenses, serán los encargados de investigar a su comandante, el general Luis Gonzaga Garcete, titular de las Fuerzas Militares, luego de que la Fiscalía Anticorrupción haya derivado todas las denuncias que pesan sobre el mismo. Incluso, siendo de menor rango a su investigado.
Con esta decisión el Ministerio Público se lava las manos y evita entender en el tema que afecta a uno de los protegidos del entorno presidencial.
El fiscal Federico Espinoza mencionó que el Código Penal Militar sanciona determinadas conductas, entre las cuales podrían igualmente encuadrarse las acciones realizas por el comandante Garcete. La abogada Laura Vera Francou mencionó que los abogados defensores de varios militares recluidos en Viñas Cué solicitaron a la Justicia Militar la nulidad absoluta de sus respectivas causas, por los motivos expuestos. Sin embargo, los militares se llamaron a silencio ante tal situación.
