Capriles explicó que los casos por los que ha sido citado por la Contraloría son por “presupuesto reconducido”, “dos convenios de cooperación internacional con Polonia y Gran Bretaña”, “un contrato para tener mensajes institucionales en la televisión”, el supuesto pago de anticipos por servicios funerarios, y otros por el “ejercicio económico financiero en 2011".
En conferencia de prensa el gobernador del céntrico estado Miranda dijo que en ninguno de estos casos “hubo daño patrimonial” y que este jueves culmina el procedimiento de los mismos.
Para Capriles, lo que busca la Contraloría es inhabilitarlo políticamente.
“No tengo problema en que me investiguen, (pero) en estos tiempos usted es hampón y milita en el PSUV (gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela) y no lo investigan”, afirmó .
El gobernador indicó que está “evaluando” si va a asistir mañana o no la citación, porque a su juicio, es un “circo”, pues según dijo, en la Contraloría, a la que señala como aliada del Gobierno, “les molesta” que luche por el cambio en el país.
“Ahora vamos a tener una reunión con los abogados porque yo quisiera que mañana en la audiencia entren las cámaras de televisión, el periodista que quiera entrar (...) para que se oigan los argumentos y la actuación de la Contraloría”, agregó.
Capriles cree que este jueves la Contraloría lo declarará culpable, le pondrá una multa y después “el contralor cuando a él le de la gana, sin procedimiento, decide si te inhabilita o no (...) eso es completamente inconstitucional”.
El gobernador indicó que el lunes hubo “una confusión entre el tema Odebrecht y el de la citación de la Contraloría, porque hubo un artículo de The Wall Street Journal” en el que se le mencionaba.
“Supuestamente de un funcionario que dice que Odebrecht habría tenido contrataciones con la Gobernación de Miranda”, explicó.
Sin embargo, aseguró que las supuestas contrataciones con Odebrecht no se dieron durante su mandato sino antes de que él entrara en la Gobernación.
Según documentos publicados el pasado 21 de diciembre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, la constructora brasileña Odebrecht pagó unos 788 millones de dólares en sobornos en 12 países de Latinoamérica y África para que le adjudicaran millonarios proyectos.
