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Sucesos
miércoles 7 de junio de 2017, 02:00

Cajonean escrito de imputación que involucra a García en pagos indebidos

Desde su función de procurador general dictaminó a favor de personas que, según denuncia de la Fiscalía, cobraron indebidamente indemnizaciones, violando disposiciones legales y falseando datos.

Paraguay fue uno de los primeros países que hizo una ley como la 838/96, Que indemniza a víctimas de violaciones de DDHH durante la dictadura de 1954 a 1989. Sin embargo, fue modificada seis veces en el Congreso Nacional y fue convirtiéndose en un negocio de unos cuantos avivados, tal y como había mencionado el doctor Óscar Paciello y luego repetido por el actual procurador de la República, Roberto Moreno.

Este hecho, según investigación del Ministerio Público, salpica al actual contralor Enrique García, quien en su carácter de procurador general habría sacado dictámenes favorables en contravención a la ley. Es decir, supuestas víctimas de la dictadura stronista cobraron sumas millonarias por indemnización.

Uno de los casos es el de Evelio Allende Villagra, quien fue vinculado a un atropello a la propiedad privada en Capiibary. Pero García obvió este hecho y dictaminó a su favor el 21 de setiembre de 2011, por lo que cobró 188 millones de guaraníes (ver facsímil). También hizo lugar al dictamen peticionado por la Defensoría del Pueblo en lo que respecta a Carmelo Zárate Vera, quien cobró 75 millones de guaraníes supuestamente adulterando documentos para hacer figurar que sus padres Cipriano Zárate Contrera y Aurelia Vera de Zárate fueron víctimas de la dictadura.

Ambos fueron indemnizados con 1.000 jornales, por el ex defensor del Pueblo, Manuel María Páez Monges, según se puede apreciar en las resoluciones 315/06 y 584/08, solo en base a testimonios; sin hábeas data.

En lo que respecta a sus otros hijos, Braulio Zárate Vera, José Cristhian Zárate Vera y Liliana Raquel Zárate Vera también cobraron 75 millones cada uno, a pesar de que –en este caso– hubo un dictamen en contra de la Procuraduría General de la República, de carácter vinculante.

Actualmente la fiscala Anticorrupción Liliana Alcaraz, investiga los supuestos hechos punibles de producción inmediata y uso de documentos públicos de contenido falso.

AMPLIACIÓN. El actual defensor del Pueblo, Miguel Godoy, amplió una denuncia penal que data del año 2013 contra el ex defensor Páez Monges, a raíz de que una auditoría interna sacó a la luz que ordenó en innumerables veces la indemnización a supuestas "víctimas del stronismo", cuyo perjuicio asciende a 3.300 millones de guaraníes. El escrito refiere que además se les indemnizó a personas presas y procesadas por la comisión de hechos punibles de homicidio, atropello de domicilio, abigeato, amenaza de muerte, así como en casos comprobados de homonimia. Algunos se encontraban recluidos en diferentes penales y "han sido ilegalmente beneficiados con montos millonarios", resalta la denuncia.

Los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción, Igor Cáceres y Josefina Aghemo, allanaron en diciembre pasado la Defensoría del Pueblo, de donde extrajeron varios expedientes de supuestas víctimas y donde aparentemente constatan las irregularidades y la implicancia de Monges y García, según altas fuentes a las que accedió ÚH.

El propio Godoy explicó que se encuentran reunidos elementos suficientes de sospecha fundada para que el Ministerio Público formule imputación contra los responsables, debido a que se les facilitó las documentaciones que les interesó llevar, como dictámenes, resoluciones, planillas y recibos de pagos, entre otras documentaciones, como también 26 expedientes aproximadamente, que han tenido sospechas de que no fueron adjudicados en debida forma.

Aunque de acuerdo a fuentes, el propio fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, estaría paralizando la causa por tratarse del contralor general de la República, Enrique García.

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Otros dos casos que involucran a actual contralor

Cabe señalar que en la Fiscalía hay dos casos emblemáticos que involucran a García. El primero con relación a la apelación del fallo arbitral que sentenció a la Municipalidad de Asunción a pagar USD 3,6 millones a Ivesur. La Fiscal Nadine Portillo se encuentra investigando si hubo o no negligencia por parte García, quien en ese entonces se desempeñaba como asesor jurídico de la comuna capitalina. Está pendiente el informe pericial para formular una posible imputación. En tanto, la otra causa es está relacionada con la construcción del aeropuerto Silvio Pettirossi y es contra la empresa Sacyr. Con respecto a este hecho, el titular de la Contraloría reveló que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) violó su propio pliego de licitación para encubrir los antecedentes de incumplimiento de la española Sacyr.

Ayer intentamos conversar con el contralor Enrique García, pero no atendió a nuestro llamado desde la redacción a su celular. Tampoco dieron señales de vida en prensa de la Contraloría.