El proyecto es la mayor reforma de legislación laboral brasileña desde que en 1943 entró en vigor la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), rechazada por los empresarios por su extrema rigidez.
La Cámara Baja dio anoche luz verde, por 296 votos frente a 177, a la propuesta, enmarcada en un paquete de reformas estructurales del Gobierno de Michel Temer con las que espera revertir la profunda crisis económica del país, cuyo producto interior bruto (PIB) cayó más del siete por ciento en los dos últimos años.
El proyecto aprobado por la “vía urgente” en Diputados, pasará ahora al Senado, donde el apoyo oficialista es todavía mayor.
La reforma, aseguran desde el Gobierno, pretende flexibilizar el mercado laboral y detener la sangría de despidos que han elevado el desempleo a 13,5 millones de personas por primera vez en la historia del país.
La propuesta ha sido aplaudida por las patronales empresariales, rechazada con contundencia por los sindicatos y observada con cautela por el mercado local, que hoy abrió con un tímido avance del 0,46 %.
En uno de sus puntos más controvertidos, libera la negociación de convenios colectivos, a los que dará validez independientemente de lo que la ley determina.
“Prevalece lo negociado (entre empresario y trabajador) sobre lo legislado”, aseguró a Efe Eli Alves, presidente de la Comisión de Derecho Material del Trabajo del Colegio de Abogados de Brasil en Sao Paulo.
“El objetivo de la reforma es disminuir el costo de la mano de obra”, opinó, y “es evidente que todo esto es consecuencia de compromisos internacionales en razón de la apertura para el capital extranjero, porque ellos también tienen la preocupación de venir aquí con ese tipo de estructura laboral que ahora tenemos”.
Para Fernando de Holanda, investigador de la Fundación Getulio Vargas, la posibilidad de reducir los costos laborales, algo que ya hicieron España y Alemania, animará la contratación en el sector privado.
En la reforma también hay otros apartados referentes a la contraprestación y demanda de las horas extra, la regulación del trabajo desde casa y la posibilidad de negociar la jornada laboral y hasta la hora de almuerzo, así como de dividir hasta en tres veces las vacaciones.
“Es muy perjudicial para los trabajadores. Elimina derechos y además desmonta la estructura sindical (...) No tiene nada que ver con la generación de empleo. Es una falacia”, denunció a Efe el presidente de Força Sindical, Paulo Pereira da Silva.
El proyecto afecta también directamente a los sindicatos, a los que resta protagonismo en la negociación colectiva, y acaba con la “contribución sindical obligatoria”, que impone a los trabajadores el descuento de un día al año para destinarlo a su gremio.
“Es una incoherencia porque si estamos hablando de libre negociación, uno tiene que tener fuerza para negociar y en la medida en que uno elimina fuerza económica del sindicato, desequilibra el juego”, argumentó Pereira da Silva.
Por el contrario, para Paulo Skaf, presidente la Federación de las Industrias del Estado de Sao Paulo (Fiesp), la patronal más influyente de Brasil, la reforma busca “un país más eficiente y moderno”.
“Fiesp se muestra coherente con su lucha contra tantos impuestos, burocracia, paternalismo y Estado notarial”, señaló en un comunicado.
El Gobierno brasileño trabaja en su ambicioso paquete de reformas estructurales, consciente de que la amplia base que tiene en el Congreso le permite cercenar debates y aprobar medidas de manera exprés.
“Esa decisión del Gobierno de querer hacer ese cambio de una manera tan rápida realmente deja a todo el mundo perplejo porque es una mudanza realmente radical”, señaló Alves.
Por el momento, el Ejecutivo ha sacado adelante un techo de gastos para las dos próximas décadas, avanza en la aprobación definitiva de la reforma laboral y logró una ley de “tercerización” que permite convertir a los empleados en prestadores de servicios para cualquier actividad.
Le queda otra de vital importancia para seguir manteniendo el crédito internacional y el de los mercados, la reforma del sistema de pensiones y jubilaciones, que esperan aprobar en el primer semestre del año.
Carlos Meneses Sánchez
