Tras reunirse con la ministra de Hacienda, Lea Giménez, el secretario de Estado informó que el estudio se iniciará el 31 de julio y tendría una duración de 90 días.
Explicó que este análisis permitirá al Gobierno conocer las debilidades y fortalezas de la gestión en recursos humanos, de modo a fortalecer las políticas públicas que tienen buenos resultados y crear nuevas estrategias en los sectores que presentan debilidades.
Algunos de los puntos que serán evaluados son los procesos de contratación y nombramiento, realización de concursos y políticas de promoción de la carrera del funcionario público.
“Paraguay será sometido a una nueva evaluación internacional para medir avances y retrocesos en recursos humanos en estos cuatro años de gestión presidencial. Se contratarán consultores internacionales, porque queremos saber en qué apretar o en qué concentrarnos en este último año de gestión”, expresó.
Recordó que este estudio ya se realizó en dos ocasiones (2004 y 2013), lo que permitió blindar las incorporaciones de funcionarios a través de códigos de concurso, entre otros puntos.
El costo de la revisión rondaría los USD 40.000, aunque esto será asumido por el BID, como una cooperación técnica no reembolsable.
“El Ministerio de Hacienda estaría oficiando de nexo oficial con el BID. Con la ministra (Lea Giménez), estamos muy conscientes de que los avances van a ser más significativos que los retrocesos. El enlace con la gente del BID será el viceministro de Economía, Humberto Colmán”, añadió Peralta.
El 20 de junio pasado, el Banco Mundial también inició una revisión del gasto público, con el objetivo de mejorar la inversión en los sectores de salud y educación.
Cobranza judicial. El ministro de la Función Pública también informó al fisco sobre la falta de cumplimiento por parte de las instituciones públicas de la Ley 5189/14, normativa que establece la obligatoriedad de la provisión de informes del uso de los recursos del Estado.
Peralta indicó que unos 183 entes fueron notificados por no publicar en la web documentos como los desembolsos por salarios, viáticos y el resumen anual, entre otros.
Recordó que el monto que adeudan las instituciones sancionadas llega a los USD 6 millones. Estas multas deben ser pagadas por la máxima autoridad de cada organismo.
Consultado sobre cómo abonarán las sanciones aquellas personas que no tienen muchos ingresos, como los intendentes del interior, resaltó que van a impulsar acciones judiciales.
“Son situaciones que ya tendrán que implicar la gestión de cobranza judicial y lamentablemente esa persona va a tener que, con sus propios recursos patrimoniales, personales, hacer frente a compromisos que son su responsabilidad como máxima autoridad”, manifestó.
Resaltó que existen instituciones que no pagan la multa desde el 2014, por lo que si se llega al ámbito judicial, es porque se agotaron todas las instancias administrativas.
Reiteró que no se permitirá que estas sanciones se paguen con recursos del Estado.