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Opinión
miércoles 31 de agosto de 2016, 02:00

Barbero Cué

Por Guido Rodríguez Alcalá
Por Guido Rodríguez Alcalá

Desde hace un buen tiempo, el Paraguay incumple un tratado firmado con Italia, lo cual tiene consecuencias nacionales e internacionales. Internacionalmente, la imagen del país no es la mejor, aunque el asunto no sea el más importante en ese terreno. Nacionalmente, el incumplimiento es una violación de la ley, ya que los tratados tienen el carácter de leyes.

Resumiendo, Italia donó al Paraguay unas 18.000 hectáreas en 2012, con el compromiso de emplearlas para la reforma agraria; hasta el momento, no se las ha empleado como se debía. ¿Por qué? Porque hay 4.000 hectáreas ocupadas por dos estancias, que ni han salido ni tienen intenciones de salir de allí. Los ocupantes no tienen la menor intención de irse; es dudoso que el Gobierno haga algo para desalojarlos. El GEO, la FOPE y otros organismos de seguridad se emplean cuando los campesinos ocupan las estancias de los amigos; cuando los ocupantes son los estancieros, sus colegas del Gobierno los amparan. En el parque nacional Defensores del Chaco, se descubrieron 15.000 hectáreas ocupadas ilegalmente por estancias; no se ha visto ni siquiera un amago de recuperar la propiedad usurpada. No hablo de Marina Cué, porque es un caso demasiado conocido. El de Barbero Cué se conoce menos; eso tampoco justifica aceptarlo como una cosa natural.

Para entrar en detalles, el tratado entre Italia y Paraguay se firmó el 14 de junio de 2012, o sea, un día antes de la matanza de Marina Cué, y ocho antes del golpe parlamentario del 22 de junio. Quizás porque estaban confundidos, los golpistas ratificaron el tratado, pero sin mostrar propósitos de cumplirlo. ¿Para qué tomarse el trabajo de cumplirlo habiendo cosas más importantes, como la elección presidencial de 2013? Puede comprenderse el desinterés, pero no que el desinterés haya seguido hasta hoy. Habiendo tanta agitación en el campo, ¿qué se gana con agitar los ánimos todavía más? Una buena manera de evitarlos sería hacer justicia, o sea, asentar familias campesinas en el lugar, dándoles los títulos de propiedad y dándoles toda la ayuda necesaria para que allí pueda surgir una comunidad campesina próspera.

"Existe una lucha de clases y mi clase la está ganando", dijo un millonario norteamericano. Esta actitud desafiante pareciera ser la del Gobierno. Un tratado lo obliga a hacer algo por la reforma agraria y la reforma agraria tiene carácter constitucional; no importa. Se quiere dejar en claro que se van a respetar todas las usurpaciones de tierras, que no han sido pocas: en tiempos de Stroessner, fueron cerca de ocho millones de hectáreas. Si no es esto lo que se propone el Gobierno, no se entiende qué puede ser.

Al margen de las especulaciones, lo que está claro es que los funcionarios públicos están obligados a cumplir la ley, y esto es precisamente lo que no hacen.