EFE
La autorización figura en una decisión divulgada este miércoles por el titular del decimotercer juzgado federal de la ciudad de Curitiba, Sergio Moro, en respuesta a una petición de los abogados de Lula para que el juez revele en cuántos procesos el ex jefe de Estado figura como investigado y en cuántos es solamente citado.
En su decisión, el juez alega que hasta la semana pasada era necesario mantener el sigilo de los procesos para facilitar los trabajos de la Policía en la búsqueda de pruebas.
El objetivo del secreto, explicó, fue “evitar riesgos (de ocultación) de las pruebas y garantizar el trabajo de los equipos policiales” que investigan al dirigente del Partido de los Trabajadores (PT) por supuesta ocultación de patrimonio, blanqueo de dinero y enriquecimiento ilícito.
Para Moro, el sigilo ya no se justifica tras la operación del viernes pasado en que la Policía condujo a Lula a declarar en una comisaría y en la que recogió diversos documentos y objetos en allanamientos realizados en la residencia del exmandatario, en la sede del instituto que dirige y en oficinas y viviendas de algunos de sus familiares y allegados.
El juez agrega que decidió levantar el sigilo de todas las investigaciones y de los procesos relacionados a Lula para “garantizar la transparencia y la amplia defensa”.
El ex jefe de Estado atribuye los procesos a una “persecución política”, dijo haber sido “humillado” en una operación montada como “espectáculo” para los medios en la que se sintió “prisionero” y calificó de “ilegal” la decisión por la cual fue conducido desde su casa a una comisaría para prestar declaración.
Según la Fiscalía, hay indicios “bastante significativos” de que Lula recibió beneficios y favores de las cinco empresas más implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras, que, según la petrolera, sumaron cerca de 2.000 millones de dólares entre 2004 y 2014.
Los fiscales aseguran que el Instituto Lula, presidido por el exmandatario, recibió en los últimos años unos 20 millones de reales (unos 5 millones de dólares) en donaciones de esas cinco empresas, que también le pagaron 10 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares) al expresidente por dictar conferencias.
Además de levantar el sigilo bancario de las cuentas del Instituto Lula y de la empresa usada por el expresidente para cobrar por conferencias, el juez ordenó a las firmas acusadas de favorecerlo que presenten pruebas de los servicios prestados por el ex jefe de Estado y de las supuestas conferencias.
La Policía también investiga si un apartamento de playa y una casa de campo en las que las mismas empresas realizaron costosas reformas pertenecen al exmandatario o a las personas que figuran en los papeles de propiedad.
Las cinco empresas acusadas de favorecer al ex jefe de Estado figuran entre las cerca de veinte acusadas de formar un cartel de constructoras para distribuirse los contratos de Petrobras mediante el pago de sobornos.
Según la Fiscalía, estas empresas obtenían contratos amañados con Petrobras, inflaban sus valores y repartían las diferencias con exdirectores de la estatal y con medio centenar de políticos acusados de facilitar los fraudes, entre los cuales son sospechosos los presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara baja, Eduardo Cunha.
