¿Dónde están los documentos? La pregunta empezó a tomar fuerza en el 2009 en Itá, cuando varios ciudadanos constataron que las actas de nacimiento, matrimonios y defunciones que se habían expedido en la ciudad no figuraban en la sede central del Registro Civil.
La situación irregular perjudicó a unas 10.000 personas aproximadamente y hasta ahora siguen apareciendo casos. Joel Martínez fue uno de los ciudadanos que tuvo que pasar el calvario de trámites para regularizar la situación de su hija. Cuando ingresó al colegio, debía inscribirla. Sin embargo, al realizar la gestión se encontró con la sorpresa de que en la sede central del Registro Civil le dijeron que no figuraba el acta.
“Tuve que contratar a un abogado, luego empezar a realizar todos los trámites para solucionar la situación. Más allá del costo económico, llevaba más inversión de tiempo”, cuenta el ciudadano que calcula el gasto en unos G. 2.000.000.
Existen otros casos más peculiares, como el de una mujer que debe casarse por tercera vez porque no existe el registro de sus anteriores enlaces. La misma situación, de la desaparición del registro de casamiento, viven dos miembros de su familia. Algunas versiones señalan que existen aproximadamente 1.000 niños sin certificado de nacimiento y en otros casos, como la defunción no se ha registrado, los parientes siguen cobrando haberes de excombatientes del Chaco.
Radiografía. El director interino del Registro Civil de Itá Jorge Barrientos, comentó que los libros de actas que se perdieron corresponden a nueve años, del periodo 1997 al 2006. “Antes las oficinas de registros estaban a cargo de la Corte Suprema de Justicia a través de los juzgados de Paz. Cuando esta tarea pasó al Ministerio de Justicia y Trabajo, se realizaron las mudanzas. Digo que habrá sido en ese momento, aunque no tengo conocimiento”, dijo. Suceso similar ocurrió en 2012, en Alto Paraná; casi 20.000 certificados no figuraban en los libros.
En Itá alrededor de 10.000 registros se perdieron. Como solución para los ciudadanos, se emitieron dos leyes sancionadas por el Congreso entre el 2009 y 2011, de dos años. Actualmente se está esperando que el Legislativo emita una nueva normativa con cinco años de duración en breve.