Por Natalia Ferreira Barbosa / Foto: Getty Images.
Se defiende el valor de la vida humana y se repudian los actos de violencia que atentan contra ella. ¿Qué es lo que determina que una vida sea más o menos importante que otra? En la madrugada del 12 de junio pasado, un hombre entró armado a un bar gay en Orlando y asesinó a 49 personas. El crimen de odio cometido en suelo estadounidense no pasó desapercibido para el colectivo LGTBI (lesbianas, gays, bisexuales, trans e intersexuales) mundial. Y mientras unos demostraron su solidaridad con los sobrevivientes y familiares de víctimas, otros destaparon sus prejuicios y desprecio.
El país tampoco fue indiferente a esta tragedia, tanto en expresiones de repudio a la violencia como en opiniones a favor: “Espero que pronto ocurra algo así en Paraguay”, “qué bien, 50 menos, hay que darle una medalla al que hizo esto”. Esto es lo que la Unesco llamaría discurso de odio, porque son expresiones que incitan a hacer daño basándose en la identificación de una víctima como perteneciente a un grupo social determinado o demográfico. Ante estas manifestaciones de discriminación, es conveniente preguntarse cómo andan las cosas por casa.
La violencia física, verbal y sicológica es una realidad para jóvenes lesbianas, gays, trans y bisexuales, quienes empiezan a sufrirla en el hogar familiar. Los adolescentes que deciden asumir su orientación o identidad sexual no en pocos casos terminan siendo echados de sus casas, por lo que abandonan los estudios. Sin educación y desconociendo sus derechos, el panorama no es alentador. Detenciones arbitrarias, asistencia a terapias de reconversión o violaciones correctivas son realidades a las que se enfrenta este colectivo.
Salir del clóset
Asumir una orientación o identidad sexual diferente dentro de una cultura heterosexual tiene un precio, y muchas veces se paga caro. No es lo mismo hacerlo en un contexto rural que en uno urbano. En el primero “es mucho más difícil, por el grado de machismo y homofobia, entonces hay más limitaciones que oportunidades para salir del clóset. Es por eso que vienen a Asunción, porque hay más seguridad o más elementos que ayudan a la gente a asumir su sexualidad sin miedo o peligro”, explica Adolfo Ruiz, coordinador del Área Juvenil de la organización Somosgay.
En el área rural existe menos tolerancia hacia la diversidad, de acuerdo a lo que cuenta Rosa Posa, de Aireana, grupo por los derechos de las lesbianas, quien conoce casos en los que las sedes de otras organizaciones fueron atacadas en otras ciudades. La hostilidad hacia lo diferente hace que personas LGBTI migren a Asunción o bien a Buenos Aires.
La organización Aireana cuenta con el servicio telefónico Rohendu para apoyo a las personas LGBTI. De las 140 llamadas que recibieron entre enero y noviembre del 2015 —según el informe Derechos Humanos Paraguay 2015 de la Codehupy—, 54 fueron para buscar herramientas para afrontar la discriminación. A criterio de Rosa, los números no son representativos, porque muchos no se animan a denunciar.
En la mayoría de los casos, la reacción de la familia es negativa en un primer momento, según la activista de Aireana: “Si se trata de una chica joven, los padres la encierran, le sacan el celular, la aíslan de sus amistades o la violentan con golpes o bofetadas. Los padres creen que el hijo o la hija son de su propiedad y que los van a corregir a través de la violencia. Aunque también sucede que con el tiempo cambian de actitud, se dan cuenta de que no es para tanto y apoyan a sus hijas e hijos. No podemos hablar de estadísticas si queremos ser responsables y serios, porque el hecho de ser gay, lesbiana o trans es una cuestión bastante invisibilizada. Entonces no hay un censo. Solo podemos hablar de los casos que recibimos”.
Los casos de expulsión del hogar luego de asumir una identidad sexual determinada se dan con más frecuencia en la población trans. A menudo aún son menores de edad cuando esto sucede y en consecuencia terminan abandonando el sistema educativo. Yren Rotela es presidenta de Panambi —asociación de travestis y transexuales organizados para la defensa de los derechos de las personas trans— y su caso representa la realidad de este colectivo a nivel nacional. Tenía 13 años cuando decidió asumir su identidad femenina y esto tuvo consecuencias. “Me echaron de casa, dormí dos días en la calle. La única opción de sobrevivencia para mí fue el trabajo sexual. Fui a calle Última, bajo el viaducto, ahí se paraban unas cuantas personas trans y me llevaron a su casa y después salí a la calle a trabajar”, recuerda Yren, quien en la actualidad vive nuevamente con sus padres y tiene una buena relación con ellos.
Ella se gana la vida como trabajadora sexual, ya que a pesar de haber intentado desempeñarse como vendedora o empleada doméstica, en ningún lugar la aceptaron: “No trabajamos con personas como ustedes”, fue el argumento que le dieron.
Métodos contraproducentes
Si se es niño o adolescente y se admite una orientación o identidad diferentes a las establecidas tradicionalmente, los familiares suelen buscar un antídoto a esta supuesta condición anormal. “Hay casos en que se los manda a terapias reparativas o de reconversión hechas por sicólogos, partiendo de la idea de que se puede cambiar la orientación sexual. Se hace la asociación de que la persona está enferma y puede curarse”, afirma Adolfo, de Somosgay.
Solo para aclarar, ya en 1973 la Asociación Americana de Siquiatría eliminó a la homosexualidad de su manual oficial de trastornos mentales y emocionales. Mientras que en el 2012, la Organización Panamericana de la Salud advirtió que las terapias de reconversión sexual constituían una amenaza para la salud y el bienestar de la persona afectada.
Otra práctica que pretende revertir el mal son las violaciones correctivas: “Existen todavía y se cree que si un hombre viola a una mujer lesbiana, esta a va cambiar su orientación sexual. Eso forma parte de las monstruosidades y aberraciones que siguen vigentes y sufren algunas chicas”, lamenta Rosa.
Servicios básicos
Dentro de la población LGBTI, son los transexuales quienes tienden a abandonar el sistema educativo, ya sea por la discriminación o bien porque son expulsados de las instituciones. “Yo era un chico amanerado, me quería juntar con las niñas y eso generaba reacciones violentas de parte de la profesora y el alumnado. Se burlaban de mí, mi profesora me decía: ‘puto’, ‘marica’ o ‘mariposa’... Eso hizo que me encerrara en mi propio mundo. Me preguntaba por qué me trataban así. Sin la ayuda de algún profesor al menos, ya que mis compañeros me violentaban, ya no tenía ganas de estudiar, me daba miedo ir a la escuela y a los 11 años dejé de asistir. Salía de mi casa y me escapaba. Después de que asumí mi identidad femenina ya no me permitieron entrar al colegio”, afirma Yren, quien ahora está tratando de culminar el bachillerato en un centro educativo para adultos.
Con respecto al acceso a los servicios de salud, según Rosa, aún falta mucho para implementar la no discriminación y acceder a una atención integral. Si dos hombres acuden como pareja a un centro de salud es probable que reciban algún tipo de reproche, y la situación se vuelve más complicada para las mujeres trans.
“La salud integral no existe para nosotras —agrega Yren—, nos automedicamos con hormonas sin control médico, porque no existe alguno que pueda asesorarnos. Además, cuando vamos a los puestos de salud nos derivan a lugares para realizarnos el test de Elisa, el de VIH o todo lo que tenga que ver con enfermedades de transmisión sexual. Que nos realicen un chequeo general es muy difícil”, se queja.
Seguridad y justicia
“Un mundo desde la realidad de una persona LGBTI no es el mismo que para alguien heterosexual, porque estos últimos tienen privilegios que en realidad tendrían que ser derechos humanos para todos”, dice Adolfo. Y no son pocas las razones de su afirmación. Desde Aireana, por ejemplo, recibieron denuncias de chicas que fueron expulsadas de un shopping porque estaban de la mano y abrazadas. A pesar de esto, Rosa reconoce que el ambiente es más tranquilo que antes.
“Todavía hay muchachos que sufrieron detenciones arbitrarias por estar en la plaza dándose la mano, entonces tampoco estamos en el paraíso. El año pasado hubo dos detenciones de chicos, una en Luque y otra en Asunción, y la excusa fue que un vecino se quejó o les dijeron que no podían estar ahí o que no pueden hacer eso. A eso le siguió la retención por un par de horas. Y esto debe suceder muchas veces más de las que se denuncia”, sostiene Rosa.
Adolfo admite que probablemente nunca se sienta seguro con el simple hecho de tomar a su pareja de la mano, por miedo a que alguien le tire una piedra, lo agreda o un policía lo detenga. Mientras que para los trans se pone peor. Yren es una sobreviviente, siendo trabajadora sexual sufrió todo tipo de abusos y a los 22 años recibió tres impactos de bala de parte de un desconocido que se acercó en un automóvil y disparó contra sus compañeras.
“Tenemos 56 casos de homicidios de personas trans impunes, sin ningún tipo de investigación desde 1989 hasta el 2016. Si denunciamos maltratos, se burlan de nosotras, por eso es importante el acceso a la educación y conocer tus derechos. Porque la violencia se naturaliza tanto que uno ya ni quiere denunciar, ya que deja de creer en la Justicia. La única que conocemos es la que nos imponen los fiscales, jueces y policías a través de maltratos. Si denunciás a una comisaría, después toman represalias al no dejarte trabajar”, narra Yren, quien además lamenta que la probabilidad de vida de una mujer trans no alcance los 40 años, por las condiciones de vida que llevan.
La Constitución Nacional en su artículo 46 garantiza que todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. Otra de las letras muertas del país.
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Gritos silenciados
Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), las estadísticas disponibles no reflejan la dimensión de violencia que enfrentan las personas LGBTI en el continente americano. Muchos casos de violencia contra personas LGBTI no se denuncian, ya que muchas de ellas, temiendo represalias, no quieren identificarse como LGTBI o no confían en la Policía o en el sistema judicial, según el informe Violencia Contra las Personas LGTBI en América, de la CIDH.