El juez de Garantías, el 4 de enero pasado, concedió el arresto domiciliario a un hombre procesado por los citados delitos.
Entre otras cosas, le aplicó al arresto domiciliario, a más de la prohibición de acercarse a la denunciante y la fianza de dos de sus abogados por G. 100 millones.
Esto fue apelado por la querella, a cargo del abogado Enrique Gómez, quien pide la prisión del encausado.
La fiscala Milena Basualdo, al contestar el traslado, sostiene que corresponde revocar el arresto domiciliario y decretar prisión del encausado.
La defensa por su parte pide la confirmación del fallo. Además, sostiene que tiene arraigo, no tiene antecedentes y el caso es por un “supuesto maltrato sicológico”.
Los camaristas, por su parte, entendieron que debían ampliar las prohibiciones, en este caso, que no se comunique con su hijo, víctima del supuesto maltrato.
Con ello, cumplirá el arresto en otra vivienda diferente a la de la madre y el menor, donde no podrá acercarse ni comunicarse con ellos.