Víctor Ferreira
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En octubre ya se cumplirá un año desde que el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) adjudicó la duplicación de las rutas 2 y 7, vía alianza público-privada (APP), al consorcio liderado por la española Sacyr (60%) y cuyos socios son la portuguesa Mota Engil (20%) y la paraguaya Ocho A (20%).
Sin embargo, el proyecto no prospera hasta la fecha por la lluvia de protestas que generó la licitación para la fiscalización de las obras, que todavía no se adjudicó. Este llamado se lanzó a comienzos del 2016, pero no se define por los cuestionamientos de las empresas al proceso. La Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) ya recibió más de cinco protestas y reconsideraciones en total, en su mayoría rechazadas.
Por ahora, las firmas que siguen en carrera –de nueve oferentes que se presentaron– son tres: Consorcio Concremat y Asociados, cuya propuesta fue de USD 7,6 millones; el Consorcio Typsa-Caem, que ofertó por USD 10,2 millones, y el Consorcio C&D-ELC, que presentó por USD 8,5 millones.
Investigan a favorita de MOPC. En este momento, la favorita del MOPC para la fiscalización es el Consorcio Concremat, que presentó la oferta más barata y tiene la mejor calificación técnica. Empero, según una denuncia presentada a la DNCP, esta firma presentó como experiencia un contrato que nunca tuvo en Brasil, es decir, habría mentido, pero su oferta fue validada por el MOPC.
El caso hoy está siendo investigado por Contrataciones Públicas, que hace unas semanas solicitó documentos en Brasil para corroborar si hubo o no irregularidades de la preferida de Obras Públicas.
“La DNCP se encuentra actualmente en trámites de recolección de informes. Entre ellos, se requiere el informe de un órgano oficial de Brasil, para determinar si es que existió o no el hecho que fue denunciado”, expresó a ÚH Luis Godoy, director Jurídico de la DNCP.
El funcionario aseveró además: “La investigación, que actualmente se encuentra en proceso, requiere la obtención de informes del exterior. Esos informes deben ser remitidos a través de los canales oficiales y requieren de formalidades, que demoran los trámites. Concluirá ni bien se obtengan los informes requeridos y que acrediten o no la existencia de los hechos denunciados. Es difícil precisar un plazo porque dependerá de la colaboración y cooperación de organismos extranjeros. No obstante, se estima una duración aproximada de dos meses”.
Vale señalar que en total se intervendrán más de 170 km desde San Lorenzo hasta Pastoreo (inicio de la concesión de Tape Porã), en el Departamento de Caaguazú, y requerirá de una inversión de USD 527 millones (monto de la adjudicación).
La obra ya debía arrancar en el mes de junio con el recapado del tramo desde San Lorenzo-Ypacaraí, conocido como tramo 0. Sin embargo, ahora no se sabe cuándo iniciarán los trabajos por la indefinición de la fiscalización. Tampoco se sabe si Sacyr ya cerró la financiación con los bancos financistas.
Recordemos que el consorcio liderado por Sacyr presentó cartas de financiamiento de cinco bancos, de las cuales tres son internacionales y dos locales. Se trata de los estadounidenses JP Morgan y Goldman Sachs, la Cooperación Interamericana de Inversiones, que es la banca privada del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), y los bancos locales Continental y Regional. Aunque se presentaron las cartas de interés, aún no es seguro que puedan llegar a financiar la duplicación.