En 2014, inició el proceso de Alianza Público Privada (APP) para la modernización y ampliación del aeropuerto Silvio Pettirossi. El proyecto generó un gran interés de empresas de varias partes del mundo, pero al final se presentaron tres oferentes.
Desde que se recibieron las propuestas, la licitación estuvo marcada de una gran rivalidad entre los competidores. Los escándalos se destaparon rápidamente.
Primero, sale a la luz el caso de la firma Cedicor (del grupo Eurnekián) que incumplió con el pago del canon al Estado argentino donde opera como Aeropuertos 2.000. Luego salta el caso de Vinci, que estaba siendo asesorada por el estudio jurídico vinculado al jefe de Gabinete del MOPC, Esteban Sarubbi Lutz, que desde un comienzo, tuvo una gran participación de los proyectos APP.
Sarubbi tenía un gran protagonismo hasta que se descubrió que dos abogados –amigos suyos y socios de su bufete– estaban asesorando a uno de los oferentes.
Primeramente, se eliminó a Cedicor de la competencia. Vinci, por su lado, siguió a duras penas, y ofreció un insignificante canon de 1,02% al Estado y ahora deja el camino libre a Sacyr para que gane la licitación. Esta última, planteó abonar al Estado paraguayo el 32,06% de los ingresos brutos que genere el aeropuerto en un año, durante los 30 años del contrato de concesión.
¿Qué empresa convenía al país? Ahora, la potencial ganadora de la licitación es Sacyr, una firma que también incumplió en su país de origen, donde tuvo una rescisión de contrato en la administración del aeropuerto de Corvera, municipio de Murcia. Vale señalar que además presentó como póliza de mantenimiento de oferta de Royal Seguros, empresa del jefe de Gabinete de la presidencia, Juan Carlos López Moreira.
No es menor señalar que la compañía española ya ganó la APP para la duplicación de las rutas 2 y 7 ofertando el precio máximo que estimó el MOPC. Fue el único oferente y se aprovechó de la situación.
El Gobierno debe precautelar los intereses del Estado Paraguayo, y con esta segunda APP, queda más que claro que hubo irregularidades durante todo el proceso. Los evaluadores deben analizar seriamente para declarar desierta la licitación, porque los hechos hicieron perder la credibilidad del proyecto.
Sin embargo, también urge mejorar nuestra principal terminal aérea, que hoy es una vergüenza internacional. De hecho, es factible mejorarlo con préstamos de organismos multilaterales que pueden ser pagados de los ingresos propios del aeropuerto. Solo es cuestión de una buena administración y liberar a la Dinac de los planilleros.
