El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de su Dirección de Comunicación, informó oficialmente que el desistimiento de la acción de nulidad contra la resolución de la Contraloría General de la República (CGR), que hizo lugar el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, no significa en ningún caso el retiro o cancelación del proceso licitatorio, vía alianza público-privada (APP), de la nueva terminal del aeropuerto Silvio Pettirossi.
Añadió que la solicitud de desistimiento “es la medida adecuada, en vistas de que el proceso administrativo es muy largo y no se condice con la necesidad de tener una posición jurídica definitiva en plazos que vayan de la mano con el proceso licitatorio”. El MOPC adelantó que “se prevén otras acciones” y que se mantiene en la posición de que la Contraloría se extralimitó en sus funciones. La Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) acompaña esta medida.
Vale recordar que la acción de nulidad fue promovida el 10 de julio pasado y ambas instituciones venían manteniendo una disputa con la CGR, puesto que el órgano contralor realizó una auditoría de la licitación para la APP, que concluyó con la recomendación de cancelar la misma, con el argumento de que en el proceso licitatorio se obvió la precalificación de oferentes.
Debido a esto, el MOPC intentó por vía del Tribunal de Cuentas anular el dictamen de la Contraloría, intención de la que finalmente desistió, por lo que la maniobra fue sorpresiva. Se intentó conversar con Luis Aguirre, presidente de la Dinac, pero no contestó las llamadas.
OTORGAR A SACYR. Fuentes del Poder Ejecutivo comentaron a ÚH que la intención del presidente Horacio Cartes es adjudicar la APP al consorcio encabezado por Sacyr, el oferente que es considerado virtual ganador. Es importante mencionar que, antes de asumir la presidencia, el mandatario había señalado en un foro de empresarios, que su prioridad era reformar el aeropuerto Silvio Pettirossi, dado que es la puerta de entrada de los inversionistas.
Debido a que los consorcios Vinci y Cedicor quedaron fuera de competencia, Sacyr sería la adjudicada. Ofreció un canon anual de 32,06% al Estado, de todos los ingresos que tenga el aeropuerto bajo su administración.
No obstante, la compañía española tiene antecedentes desfavorables en otros países y, para la Contraloría este factor fue fundamental a la hora de dar su recomendación para la cancelación.
VINCULANTE. El abogado Theodore Stimson señaló que el MOPC no puede llevar adelante la licitación del aeropuerto y tiene que acatar el dictamen de la Contraloría; es decir, cancelar el proceso.
Explicó que el MOPC, al entablar la fallida acción contenciosa administrativa, por la teoría de los “actos propios” reconoce que el dictamen de la CGR es vinculante. “El desistimiento de la acción impide renovar el proceso e implica la renuncia del derecho respectivo. Esto es derecho a desconocer el valor, validez, y carácter obligatorio del dictamen. La resolución del desistimiento es una resolución del Poder Judicial con fuerza de cosa juzgada. Es cosa juzgada que el dictamen es vinculante y debe ser acatado por el MOPC”, apuntó. Por tanto, queda firme y ejecutoriada la determinación de irregularidades en la licitación y las contradicciones del MOPC caen dentro de la teoría de los actos propios, concluyó Stimson.
Ministro quiso transparencia y tiro salió por la culata
La novela entre el MOPC y la Contraloría por la APP del aeropuerto se inició cuando la cartera estatal solicitó al órgano contralor que verifique el proceso licitatorio. Se hizo esto luego de que senadores opositores cuestionasen algunos puntos del llamado. Si bien, el ministro Ramón Jiménez Gaona señaló en un principio que no necesitaba la aprobación de la CGR para continuar con el proceso, el análisis iba a reforzar la transparencia en la licitación. Posteriormente, el ministro aseguró que iba a acatar el dictamen de Contraloría y lo calificó como vinculante, incluso si tenía una respuesta negativa. Sin embargo, Jiménez Gaona no cumplió su palabra y pidió la reconsideración, puesto que argumentó que la CGR se extralimitó en sus funciones. El contralor Enrique García se ratificó en su postura inicial, de que el proceso tenía falencias por no hacer la precalificación de oferentes y por los antecedentes negativos de oferentes. Por consiguiente, la Contraloría reiteró que se debe cancelar el actual proceso e iniciar uno nuevo con la corrección de los errores. Finalmente, el MOPC recurrió al Tribunal de Cuentas, pidiendo la nulidad del dictamen de la CGR.