El 14 de agosto de 2013, el Directorio de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) autorizó al presidente de la institución, Fernando Nicora López Moreira, la firma de contrato con la empresa PTP Group, compuesta por las firmas PTP Warrant SA (Arg) y GregSer SA (Py) para la concesión del puerto de Villeta. Además, encargó a la Asesoría Jurídica la realización del acuerdo.
En setiembre del mismo año, la Asesoría Jurídica de la institución, en ese entonces a cargo de Hermann Weisensee, remite un informe en el cual dictamina en contra de la firma del contrato con PTP Group, alegando vicios en su formación por falta de motivación en su creación, lo que iría en contra del interés y utilidad pública de la naturaleza de los servicios que presta la ANNP (ver facsímil).
Este dictamen jurídico fue obviado por el actual titular de Puertos, Héctor Duarte, quien en agosto del 2014 suscribió la alianza operacional en usufructo oneroso con el consorcio paraguayo-argentino, argumentando la necesidad de mejorar la recaudación y la infraestructura del predio ubicado en las afueras de Asunción.
Nexo. Esta firma, PTP Group, ahora aparece ligada al empresario argentino Lázaro Báez, vinculado al seno del kirchnerismo y recientemente detenido en su país, en el marco de una investigación judicial por presunto lavado de dinero y asociación ilícita.
Según una reciente investigación de Canal 9, directivos de PTP Group y Nicora López Moreira realizaron numerosos viajes en la avioneta de Báez. Además, el consorcio que hoy opera el puerto de Villeta habría comprado por aproximadamente USD 2,3 millones las acciones de Top Air, compañía de la que Lázaro Báez era accionista.
La concesionaria portuaria fue traída a nuestro país por el ex senador liberal Alfredo Jaeggli en el 2012. El ex legislador incluso propició un encuentro con el entonces presidente de la República, Federico Franco (ver infografía).
Investigación. El fiscal Hernán Galeano, de la Unidad Antilavado, fue designado para investigar este caso.
El titular de la ANNP, Héctor Duarte, y el ex presidente Fernando Nicora López Moreira, son quienes aparecen cada vez más comprometidos en la oscura concesión del puerto de Villeta a la citada empresa.
El Ministerio Público también analiza la participación de una empresa fantasma, GregSer SA, propiedad de Gregorio Servín y Santiago Servín Giménez. En ese sentido, se pudo comprobar que en el local declarado por esta compañía actualmente funciona una peluquería y una despensa que vende hielo.
Santiago Servín Giménez era hasta el pasado 29 de abril funcionario de la Cancillería, con un sueldo de G. 4.100.000. La Fiscalía también analizará cómo con ese salario, el propietario del 90% de GregSer SA se pudo comprometer a invertir más de USD 3 millones en Villeta.
