Hace casi cuatro años que ocho gerentes del grupo de empresas del presidente Horacio Cartes manejan las principales decisiones que se toman en el Gabinete de ministros.
Ellos son Juan Carlos López Moreira (el único que ostenta un rol institucional porque ocupa el cargo de jefe de Gabinete); Hugo Correa, Osvaldo Salum, Francisco Barriocanal, Gustavo Galeano, Luis Gerónimo Ramírez, Carlos Cañete Tarmán y José Ortiz. Estos siete últimos son asesores ad honórem con fuerte influencia en los estamentos públicos.
El más influyente de todos es Ortiz, gerente de Tabacalera del Este (Tabesa), cuyo nombre ni siquiera figura en el Decreto presidencial 1265 de 2014, firmado por el mandatario para blanquear y nombrar a dichos empresarios como asesores ad honórem del Gobierno. Este decreto salió tras una fuerte presión y críticas del Senado.
Los analistas Milda Rivarola y Euclides Acevedo hablaron sobre los riesgos que generan para el proceso institucional que exista una suerte de gabinete paralelo con poder real en el Poder Ejecutivo.
El debate sobre el punto surgió nuevamente esta semana, luego de que los liberales revelaron en los últimos días el cruce de llamadas realizadas por Ortiz al ex comandante de la Policía Críspulo Sotelo, la noche del 31 de marzo, cuando la Policía atracó la sede del PLRA y asesinó al joven dirigente Rodrigo Quintana.
Rivarola refirió que Cartes eligió ministros de bajo perfil y con poca autonomía, pero en contrapartida “armó un gabinete en la sombra que dirige la estructura del Estado”.
“Cartes instaló una suerte de gabinete en la sombra con la complicidad de ministros sin autoridad y sin poder real y que el Partido Colorado acepta hasta ahora”, reflexionó.
Remarcó que hay un gabinete de fachada que es público y que integran los ministros visibles y un gabinete en la sombra que es el que tiene poder real, que son los gerentes del primer anillo empresarial, “cuyas acciones no tienen costo político ni penal, que es lo más grave”.
En cuanto a la legalidad de sostener ese sistema, Milda apuntó que Cartes tiene controlada a la mayoría parlamentaria por lo que nadie le puede reclamar nada.
“Cartes tiene mayoría, pero tampoco por medios muy legales. Eso es mensalão puro. Controla la mayoría parlamentaria, colorada, a través del mensalão (gran mesada, usada para conseguir favores políticos a cambio de pagos, tal como se bautizó el caso de corrupción en Brasil)”.
presión. Acevedo, por su parte, sentenció que el problema radica en que los “funcionarios públicos pusilánimes”, que sabiendo lo que tienen que hacer, “ceden a pretensiones externas”. “Lo mismo pasa con los magistrados que capitulan ante el dinero o el favor político dejando de lado la ley. Como hay una severa crisis institucional, los encargados de la Administración Pública temen más al poder político o a la prensa que a la propia ley; es una crisis estructural”, reflexionó.
Los gerentes con ropaje de asesores del Ejecutivo en su mayoría tienen más de 15 años trabajando con Cartes en las empresas del conglomerado de la familia presidencial.
Muchos de estos asesores acuden regularmente a la residencia presidencial o hasta participan en las reuniones del consejo de ministros y tienen influencias inclusive en los organismos de seguridad.
“Siendo ministro he estado en contacto con el señor Ortiz, siempre como una suerte de apoyo en las cuestiones de carácter administrativo”, había revelado el ex ministro del Interior, Francisco De Vargas.
La senadora opositora Desirée Masi fue la que desde el comienzo del Gobierno denunció la influencia de gerentes en los asuntos del Estado. Muchas de las decisiones se toman en la Fundación Ñande Paraguay, que es del Grupo Cartes, dirigido por Ortiz.
Cartes instaló un gabinete en la sombra con la complicidad de ministros sin autoridad ni poder. Milda Rivarola
Como hay una severa crisis, los encargados de la administración temen al poder político. Euclides Acevedo
Asesores envueltos en escándalos
Ni bien asumió el presidente Horacio Cartes aparecieron sus asesores ubicados estratégicamente para manejar decisiones en la estructura del Gobierno. Muchos de ellos cobraron notoriedad tras publicaciones periodísticas.
Uno de ellos es Francisco Barriocanal, quien es accionista de la firma Aqua Group SA. Esta obtuvo contratos estatales por G. 6.000 millones entre 2013 y 2015. Se dedicaba principalmente al tratamiento de aguas industriales en el sector privado y ocasionalmente obtenía contratos con el Estado.
Según los registros de Contrataciones Públicas, de enero del 2010 a julio del 2013, esta empresa ganó licitaciones por G. 2.000 millones.
El otro caso es Hugo Correa, asesor de Tecnologías de Información y Comunicación del Gobierno. Fue denunciado como líder de un plan para sacar a los jóvenes y docentes que tienen simpatía con el sector de la izquierda en la Facultad de Veterinaria en la UNA.
Durante la Expo Corrupción, alumnos revelaron audios de docentes hablando sobre el tema.
