En Paraguay, las lesbianas presas no pueden recibir visitas privadas de sus parejas. Un episodio más a añadir a la larga historia de discriminaciones cometidas desde el Estado a cualquier persona considerada diferente. La postura del Gobierno en defensa de esta prohibición resultó, cuanto menos, rebuscada: tuvieron que desempolvar una ley de la dictadura stronista para justificar la medida y justificarse a ellos mismos.
Ante el reclamo de las reclusas, canalizado a través de la organización Aireana y el Mecanismo de Prevención de la Tortura, las autoridades penitenciarias afirmaron que el Ministerio de Justicia –entre ellas la ministra Bacigalupo– no quiere discriminar a nadie y se limita a cumplir una ley de 1970, que habla “de visitas privadas del sexo opuesto”.
El problema del Gobierno es que su argumento “legal” se desmorona no solo ante la Constitución Nacional –con la cual a partir de 1992 todos los ciudadanos gozamos de igualdad de derechos– sino también con el Código de Ejecución, la ley que actualmente rige el sistema penitenciario y ya no hace distinción entre heterosexuales y homosexuales para estas visitas. Incluso el mismo reglamento interno del funcionamiento de las privadas, vigente desde el 2012, establece que no habrá “ningún tipo de discriminación”.
El Ministerio de Justicia simplemente no desea que las lesbianas reciban visitas conyugales y esto responde a las convicciones personales de las autoridades de turno, no a una ley de hace 46 años. Se trata de una posición ya asumida desde hace tiempo por el Poder Ejecutivo y por la mayor parte de un Poder Legislativo aún sumido en las cavernas.
La intolerancia es un denominador común en los ministerios y, en general, en la clase política paraguaya. La única diferencia entre unos y otros es su vehemencia y sinceridad: algunos abiertamente insultan desde sus curules a los homosexuales y otros prefieren escudarse en leyes arcaicas para segregarlos.
El caso de las presas del Buen Pastor es un recordatorio de la necesidad de una ley contra toda forma de discriminación. Paraguay es el único país de esta parte del mundo que no cuenta con legislación de este tipo, a pesar de que la Carta Magna compromete al Estado a tenerla. La única forma en que avancemos a la modernidad es garantizando día a día la pluralidad, la igualdad y el derecho a ser distintos unos de otros. El tiempo demostrará inexorablemente quiénes se posicionaron en el lado equivocado de la historia y castigaron la diversidad.
