El decreto de emergencia educativa firmado por el Ejecutivo tenía la intención de acelerar los procesos de ejecución de las tan necesarias obras en los centros educativos oficiales.
La asombrosa rebelión de los secundarios, quienes en el año 2016 tomaron los colegios durante varios días, derivó no solo en el cambio de ministro de Educación sino también en una serie de compromisos para mejorar la calidad educativa en el país. Uno de los principales puntos del acuerdo firmado entre secundarios y Gobierno era la declaración de emergencia en infraestructura educativa, en un momento en el que se sucedían los accidentes en las instituciones.
Pero de la firma de aquel acuerdo ya pasaron nueve meses y nada ha mejorado desde entonces.
Los datos del informe sobre la situación edilicia de las instituciones educativas, remitidos por los directores, a pedido del Ministerio de Educación, señalan que de 3.908 centros educativos que se reportaron, el 81% se encuentran en mal estado: tienen los vidrios rotos, hay riesgo de derrumbe en aulas o pabellones enteros, entre otros aspectos. De acuerdo con el reporte de los directores, hay casi 1.600 techos en mal estado en las escuelas; 1.096 pisos en pésimas condiciones y 1.362 pilares que urgen refacciones.
Techos derrumbados, paredes resquebrajadas, ventanas sin vidrio son las condiciones en las que deberán iniciar las clases miles de niños y jóvenes paraguayos. Todo esto, pese a que el Estado paraguayo recibe del Brasil USD 360 millones al año por el uso del excedente de energía producida por la hidroeléctrica Itaipú. El 25% de los fondos les corresponde administrar a los municipios y gobernaciones para dedicarlos a la construcción de infraestructura educativa y al almuerzo escolar.
Y dado que existen los recursos para resolver los problemas, se deduce que la situación es fruto de la mala gestión de las personas cuya única prioridad debería ser trabajar por lograr la calidad educativa.
Nuestro país no se encuentra bien posicionado en el ránking de calidad de vida y bienestar; aunque haya habido algún avance en cuanto a la reducción de la pobreza. Ese es precisamente el gran argumento para concentrarse en mejorar la educación, en todos sus aspectos.
La educación es una de las claves para que los jóvenes consigan mejores trabajos con mejores remuneraciones, y se alejen de la pobreza. El gran desafío entonces es lograr que aumenten sus años en el sistema educativo, y para eso es absolutamente necesario que mejoren las condiciones de la educación pública. Es inaceptable que –disponiendo de millones de dólares– niños y jóvenes deban arriesgar sus vidas mientras aprenden a leer, escribir, sumar y restar.
