EFE
“Estamos investigando el caso en coordinación con la autoridad británica y la irlandesa”, todavía pendientes de los resultados de investigaciones de distintas autoridades nacionales de protección de datos y varios tribunales e instancias, aseguró hoy la directora de la AEPD, Mar España, durante su intervención en el Foro de la Nueva Economía.
De confirmarse “los primeros indicios” en las investigaciones sobre la consultora Cambridge Analytica, se estaría no solo ante un ejemplo de utilización “ilegal” por esa empresa de datos personales de usuarios de Facebook, sino que “se habrían visto atacados los propios cimientos del estado democrático”, con el uso “no autorizado” de informaciones de las que sus titulares no tenían conocimiento.
Y todo ello, añade, bajo el “concepto” de unos servicios gratuitos que ofrecen los proveedores de internet, y que, según la directora de la AEPD, no es más que “la monetización de la información personal” de los usuarios, comercializada con destino a una publicidad cada vez más “microsegmentada” de acuerdo al perfil personal que cada uno deja con su huella digital al navegar en internet.
Mar España advirtió de que en el ámbito público, en donde los intereses no se mueven por incentivos económicos, el acceso indiscriminado a la información personal aumenta el riesgo de concentración de datos por parte de los poderes públicos sobre la vida de los ciudadanos, como ya denunció en su día el ex analista de la CIA Edward Snowden.
La tendencia a conservar y utilizar información gracias a las nuevas tecnologías que facilitan el proceso de reutilización de la misma conlleva el riesgo de que ciertos ámbitos en la esfera pública pretendan “crear bases de datos” con ellos o “conservarlos” en volúmenes desproporcionados para usarlos con otros fines a los de política pública.
En los últimos ocho meses, la Agencia Española de Protección de Datos ha impuesto sanciones a Facebook por valor de 1,6 millones de euros (1,2 millones de dólares) por uso inadecuado de datos personales o por tratar datos sensibles sin el consentimiento de sus titulares y conservarlos durante plazos excesivos pese a que los usuarios hubieran pedido su supresión.
