Sin embargo, fuentes del sector remitieron la copia oficial del acta y se evidencia que la empresa Bullers fue la que ofertó el canon más alto para hacerse con la explotación del parqueadero. Esta firma, que pertenece al ex diputado colorado José Chamorro y cuyo hijo, Óscar Marcelo Chamorro Lafarja, es el representante, ofreció pagar un canon mensual del 71% de los ingresos. También propuso una inversión de G. 5.462 millones para ampliar la infraestructura del estacionamiento.
Para los demás oferentes, la propuesta de Bullers es inviable y la califican de temeraria, según consta en el acta. No se podrán mantener las operaciones con ese canon, añadieron. Sin embargo, la Dinac extraoficialmente ya la declaró como la mejor oferta.
En segundo lugar se posicionó la compañía Ricsofan, que planteó 65% de canon y G. 4.205 millones de inversión. El actual arrendatario del estacionamiento, Edivisa, quedó en cuarta ubicación con su oferta de 54% (canon) y G. 5.230 millones (inversión).
modalidad. El contrato de Edivisa ya caducó, pero recibió una extensión para administrar el parqueadero del Silvio Pettirossi hasta que se escoja a la nueva empresa concesionaria, que operará el espacio por tres años. Las tarifas actuales para estacionar se mantendrán, según estableció el pliego de bases y condiciones.
Es decir, los vehículos que ingresen para buscar o dejar pasajeros y que no excedan los 15 minutos dentro del predio no abonarán. La primera hora costará G. 8.000 y a partir de la segunda se pagará G. 5.000.
La Dinac también exige una ampliación de 5.000 metros cuadrados, como mínimo, para aumentar la capacidad del estacionamiento, el cual ya se encuentra saturado. Ahora iniciará la evaluación de las ofertas, pero la adjudicación ya daría esta semana.
POLÉMICA. El ex diputado José Chamorro fue propietario de varias empresas, de diferentes rubros (limpieza, equipos informáticos, guardias de seguridad) en el pasado y tiene antecedentes de haber facturado al Estado hasta cerca de USD 30 millones en un solo ejercicio.
Las empresas vinculadas al ex diputado Chamorro, tales como Potî, fueron denunciadas por incumplimiento de leyes laborales. Otra firma ligada al ex legislador, SST (Security Service Technology SA), presta servicio tercerizado de seguridad en el IPS y fue sancionada por el Ministerio de Trabajo cuando operaba como Doram.
La licitación adjudicada para la limpieza en el Instituto de Previsión Social recibió una serie de protestas por estar aparentemente direccionada a la firma adjudicada, según la denuncia de otros oferentes.
Para evitar la descalificación por parte de Contrataciones, crean nuevas empresas sin antecedentes.
