Ya casi nadie recuerda el aspecto del cerro Ñemby hace medio siglo. Cuando aquel cono mineral rodeado de vegetación comenzó a convertirse en cantera de la que se extraían piedras para construir rutas, no hubo protestas. No había conciencia, ni ciudadanía ni condiciones para ello.
Hace unos diez años se organizaron los primeros grupos que advertían sobre los inconvenientes ocasionados por la explotación. Es interesante observar que las quejas se centraban en el daño a la salud por la gran cantidad de polvo que se generaba y en los riesgos derivados de las explosiones y sus ondas expansivas, que agrietaban las paredes de las casas del vecindario.
Pero aún se hablaba poco del patrimonio natural y cultural que estaba desapareciendo. El pensamiento colectivo no estaba aún impregnado de los conceptos ecologistas y ambientalistas que predominan en las protestas actuales. Y eso que ya entonces la silueta original del cerro había cambiado drásticamente a fuerza de dinamita.
En estos días, con el cerro partido por una laguna de 70 metros de profundidad y varios kilómetros de diámetro, la lucha de los pobladores de Ñemby parecía llegar a su fin. En mayo fenecía el contrato que tenía la empresa que extraía las piedras. Fue entonces que, de la nada, apareció la famosa adenda que añadía diez años al permiso estatal. Se trata de una adición, un complemento, agregado a una obra escrita y terminada.
El supuesto documento, que nadie conocía, está firmado por quien era ministro de Obras Públicas, Salyn Buzarquis. Suponiendo que el papel sea auténtico, uno no puede dejar de asombrarse que, por sí y ante sí, un ministro tome una decisión tan trascendente. ¿Buzarquis tuvo la osadía de prorrogar por diez años un contrato de explotación sin consultar con el Ejecutivo, la Seam y la Municipalidad afectada? Algún fiscal debería investigar la verdad. Lo que no hubo en el Gobierno liberal de entonces fue información pública disponible, transparencia y debate con los afectados.
Eso no es lo más grave. Dicen que el documento firmado por Buzarquis es sencillamente trucho. No hay rastros del mismo en ninguna dependencia del MOPC. Ni en los archivos, ni en la asesoría jurídica ni en el Gabinete del Ministerio. Para la burocracia estatal eso es sencillamente insólito. La que sí repartió suficientes copias de su resolución fue la Junta Municipal de Ñemby, que lo declaró persona no grata. Falta, sin embargo, investigar las complicidades que existieron en el propio Municipio para darle vía libre a la prórroga.
Como sea, lo que queda del cerro se ha salvado por un solo motivo. Porque la ciudadanía de Ñemby fue capaz de dar un paso más: pasar de la conciencia a la movilización. Cuando lo hicieron, se acabó la discusión. Suficiente tenía Cartes con prorrogar Tape Porã, como para cargar también con el costo de un cerro. Era demasiado, incluso para él.
