Los imputados son Cosme Alcibiades Roa, ex presidente del APA, a quien se le atribuye la comisión del hecho punible de lesión de confianza y violación del deber de llevar libros de comercio; Luis Barrientos Alcorta, ex secretario general del APA, a quien se le atribuye hechos punibles también de lesión de confianza, apropiación, alteración de datos y sabotaje de sistema informáticos; Librada Giménez, ex cajera de APA; Patricia Romero, ex funcionaria del Departamento de Recaudaciones; y Cecilia Riveros, ex encargada e inspectoría, a quienes se les atribuyen los hechos de lesión de confianza y apropiación.
El perjuicio se registró entre los años 2012, 2013, 2014, 2015 y parte de 2016.
El caso fue descubierto cuando un funcionario de Autores Paraguayos Asociados, arrepentido de sus actos, se presentó ante el fiscal Martín Cabrera para revelarle el procedimiento irregular que cometían autoridades de la entidad.
El mismo había alegado que el secretario general (suspendido actualmente), Luis Barrientos, ordenó a todos los funcionarios del Departamento de Recaudación e Inspectoría, así como también de Informática, a tomar el dinero y varias documentaciones. Supuestamente llegaron a sacar la suma de G. 1.685.518.511. Sin embargo, la pericia elaborada por Ángel María Vargas Arnold y entregada días pasados ante el Ministerio Público, comprobó que el total recaudado por APA por los ejercicios 2013 y 2014 fue de G. 36.115.751.761, aunque solo fue declarado ante la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) la suma de G. 15.459.162.216. Entre lo recaudado y lo declarado hay una diferencia de G. 20.656.589.545.
Por otra parte, refiere el informe que hubo varios conciertos de artistas reconocidos, en algunos casos con más de 50.000 personas que asistieron, de los cuales la entidad no tiene documentos (facturas, recibos) que acrediten cobro alguno.
Abreviado
Los mencionados fiscales solicitaron en el mismo caso la suspención condicional del procedimiento para los ex funcionarios informáticos de APA, Víctor Manuel Aquino Martínez y Juan Manuel Coronel Nakagawa, quienes fueron procesados por apropiación, adulteración de datos y sobotaje del sistema informático. Los mismos sacaron dinero de la caja de recaudaciones de la institución donde prestaban servicios.
