El principal involucrado en el tema es Arturo Giménez, quien fue apartado del cargo de superintendente de Servicios Generales.
El acta de declaración estuvo a cargo del abogado César Alfonso (juez de instrucción). Es el compañero de colegio de Robert Santacruz, asistente del director jurídico de Itaipú.
El relato se centra en Gustavo Antonio Santander Meaurio, funcionario con cargo de asistente de seguridad desde el 26 de junio de 1989.
“En abril (no recuerdo exactamente la fecha) fui designado al Centro de Recepción de visitas a terceros donde se encontraba prestando servicios la aprendiz Alma María Alfonso y en reiteradas ocasiones recibía llamadas telefónicas en su celular donde supuestamente me decía que era el director administrativo”, declara el guardia de seguridad.
Sigue diciendo que “en una oportunidad estando en frente de ella, recibió una llamada del supuesto director y escuché que le pidió una persona de confianza. Lo cual deduje porque no escuché la voz de la otra persona, pero ella en ese momento dijo tengo ese soldado chiíta”.
Santander Meaurio agregó que la aprendiz le dijo que era su oportunidad de reinvidicarse. “Debiendo robar los celulares de dos chicas. Una que estaba en seguridad empresarial y otra del gimnasio”.
Posteriormente, según el relato que consta en el acta, le pidió a la misma que le enviara las coordenadas de las chicas al celular para resguardarse ante la situación irregular. “Una vez que recibí el mensaje llamé al superintendente de Seguridad Empresarial, Ubaldo Sisa, quien me manifestó que estaba en Tatí Yupí, que no haga lo encomendado y que debía reunirme con él en su oficina”.
Una vez reunidos, indicó que el superintendente llamó al director en su presencia y que este le dijo que él no había hablado con la funcionaria Alfonso.
“Luego me dijo que me retire y que no haga lo solicitado, que deje todo como está. Inmediatamente, después de ello me llamó la señorita Alfonso molesta porque había contado del pedido retándome por ello”, señala el guardia.
En la declaración se identifica que los celulares que debían ser robados pertenecían a Irigoyen y a Leticia Quiñónez. Hablan de que dentro de los aparatos telefónicos había “mensajes comprometedores y que debían borrar los mensajes y posteriormente hacer que las mismas nuevamente recuperen sus pertenencias.
La denuncia contra Arturo Giménez estalló a pocos días de las elecciones internas del Partido Colorado. De acuerdo a la versión interna dentro de la Entidad Binacional, Giménez sería hombre de confianza de colaboradores del entorno del presidente de la República y que de allí viene la protección.
Sin embargo, el caso generó una fuerte reacción por parte de diferentes sectores sociales.