En su comunicado, Vinader detalla haber recibido la siderúrgica de Villa Hayes en una situación financiera y condiciones de producción lapidarias. Aparte de citar millonarios números financieros negativos, refiere que la vía de arrendamiento a Vetorial para reactivar la producción fue la acción que impulsaron, pero que debido a la caída del precio del acero, la citada firma comunicó que ya no podría seguir y dejó una deuda por alquiler de 6,5 millones de dólares.
La empresa brasileña ahora soporta una demanda penal impulsada por la firma Ferro SRL, que sostiene haber pagado 450.000 dólares por mercaderías que nunca fueron entregadas.
En conversación con ÚH el ingeniero Vinader especificó que no tiene responsabilidad alguna en todas las acciones comerciales y contratos con proveedores de Vetorial. “Esta administración solo tiene que garantizar que se hayan hecho las inversiones y el cobro del alquiler”, enfatizó.
CONFUSIÓN. El interventor judicial consideró que hay confusión, debido a que se debe separar las acciones particulares de Vetorial como empresa privada.
Consultado sobre qué pasará con el clavo de 6,5 millones que le deja la ex arrendataria de la planta, señaló que personalmente cree que fue mucho más beneficioso haber mantenido operativa la fábrica durante cuatro años y que acordó una forma de pago de la deuda con Vetorial.
Sobre este último punto, dijo que la empresa brasileña pagará con mineral de hierro (insumo principal) la deuda que dejó a Acepar. “Ellos son dueños de la mina de hierro”, precisó.
Vinader lamentó que se sigan lanzando cuestionamientos que cree fuera de lugar respecto a lo que está pasando realmente con Acepar.
“Nosotros agarramos un perro muerto, lo revivimos por cuatro años y durante este tiempo no se resolvió el tema del arbitraje”, puntualizó.
Recordó que tenían expectativa de operar la fábrica con recursos del Estado y del consorcio que compró las acciones mayoritarias, pero en ambos casos hubo respuesta negativa.
Señaló que ahora está abocado a buscar cómo mantener la planta y los sueldos hasta encontrar algún inversor o una alternativa para reactivar la producción.
Confesó que está vendiendo chatarra para pagarle el salario a los 600 funcionarios. También recalcó que la planta parada cuesta 900.000 dólares mensuales, cifra que redujo a USD 550.000 con recortes de gastos. Finalmente, remarcó que la fábrica parada no es sustentable y es de suma urgencia lograr un plan de negocios para su reactivación.
