El presidente vetó el proyecto 6381/2019 que sancionó el Congreso y por el cual se establece la ampliación del derecho a la pensión alimentaria para los adultos mayores en situación de vulnerabilidad social.
El documento por el cual el Ejecutivo responde al Congreso objeta en primer término que el proyecto en cuestión no habría tenido en cuenta la recesión y, por lo tanto, el déficit del Fisco para afrontar nuevos roles.
“Que ante las prioridades del Estado para atender a los sectores en situación de pobreza y vulnerabilidad, y dada la capacidad financiera restringida del Fisco, es importante que se asignen los recursos de manera responsable, en un marco de equidad fiscal”, respondió el Gobierno.
Sostiene además que desde el 2010 cuando se empieza a implementar esta ayuda social, se viene incrementando el alcance de los beneficiados, “con un importante impacto fiscal a mediano y largo plazo”.
Además objeta en particular que no se aclaren términos como la que enuncian “en situación de pobreza” o de “vulnerabilidad social” por el que la interpretación del proyecto entraría en la especulación.
El Ejecutivo recuerda que el crecimiento de hasta un 0,8% del PIB para este subsidio implicaría que el Estado deba desembolsar más de 450 millones de dólares. Actualmente son 200 mil los beneficiarios con la ayuda.
450
millones de dólares implicaría ampliar el número de beneficiarios de la pensión para tercera edad.