Las billeteras electrónicas acumularon un movimiento de alrededor de G. 13,7 billones (USD 1.990 millones al cambio actual) en el mercado local durante los últimos 12 meses, según los datos estadísticos del Banco Central del Paraguay (BCP).
Asimismo, la cantidad de transacciones registradas desde el mes de octubre de 2020 hasta el mes de setiembre de 2021 llegó a superar 102 millones, alcanzando un promedio de 8,5 millones de operaciones por mes, conforme a las estadísticas del más reciente boletín de Empresas de Medios de Pagos Electrónicos (EMPE).
Puntualmente en setiembre pasado, se contabilizaron casi 9 millones de transacciones a través de las billeteras electrónicas, lo cual representa un crecimiento de 8,5% con relación a la cantidad de operaciones del noveno mes de 2020. Sin embargo, en cuanto a montos, hubo una variación negativa de 9% interanual.
Por otro lado, de acuerdo con lo que resalta un análisis de la consultora Mentu, las billeteras electrónicas registraron en el tercer trimestre de (julio, agosto y setiembre) de 2021 un incremento de 3,5% en el monto operado en comparación con el segundo trimestre del año en curso. Igualmente, sostiene que la dinámica positiva de este segmento podría continuar al menos durante lo que queda del 2021, dada la proximidad de las fechas de fin de año.
En cuanto a los tipos de operaciones que se realizan por medio de las billeteras, los datos del BCP exhiben que los principales son los pagos de facturas, junto con el ingreso y retiro de efectivo. Por otra parte, los envíos a billeteras, los pagos en comercios y los giros nacionales cuentan con una menor participación.
Norma. En lo que respecta a la ley de servicios de confianza para las transacciones electrónicas y otros, cabe resaltar que el Congreso Nacional todavía no trató el veto parcial que el Poder Ejecutivo decidió semanas atrás sobre el citado documento. Esta normativa, según las empresas telefónicas, podía afectar a la operativa de las billeteras electrónicas, considerando lo que establecía el artículo 103 sancionado anteriormente por los legisladores; no obstante, este punto fue finalmente objetado por la Presidencia de la República.
Los parlamentarios deberán decidir si aceptan o no el veto del Ejecutivo sobre el apartado mencionado, que establece la necesidad de un nivel de seguridad alto en materia de identificación electrónica para las operaciones financieras.
