Era de esperarse. La aprobación en el Congreso Nacional del proyecto de ley que modifica el artículo 142 del Código Penal, para aplicar penas más altas, de hasta 10 años de cárcel por las invasiones de propiedades –que fue promulgada ayer en forma meteórica por el presidente de la Repúbliuca, Mario Abdo Benítez–, en lugar de “restaurar la paz en el campo”, tal como justificaron los partidarios de la iniciativa, solo ha exacerbado aún más los ánimos de los sectores afectados, principalmente campesinos e indígenas, generando un escenario de mucha violencia social, que el miércoles tuvo como epicentro la Plaza de Armas en la capital, pero que también se extendió a varios otros lugares del país.
Aunque se han realizado intentos de apaciguar los ánimos por parte de algunas autoridades, las protestas de grupos indígenas y campesinos continuaban ayer en diversos lugares del país, incluyendo cierres de rutas y algunos actos vandálicos, con muchas situaciones en que la policía se ha visto rebasada o limitada en su accionar, con lamentables casos de heridos en los diferentes bandos.
El conflicto por la propiedad de la tierra es uno de los dramas sociales que el Paraguay arrastra desde fines de la Guerra del 70, cuando los posteriores gobiernos pusieron en remate las tierras públicas, permitiendo la creación de grandes latifundios en poder de empresas extranjeras como La Industrial Paraguaya, la Mate Larangeira, Carlos Casado, Domingo Barthe, etc. La dictadura del general Alfredo Stroessner agudizó el problema, entregando cerca de 8 millones de hectáreas a militares, empresarios y personajes adictos al régimen, las famosas “tierras malhabidas” que ningún gobierno de la era democrática intentó recuperar o regularizar.
El Paraguay sigue sin tener un catastro riguroso y actualizado que permita conocer a quiénes pertenece cada parcela, cuando y en qué condiciones la han adquirido. Es una deuda pendiente a la que el Estado debe responder cuanto antes, si realmente desea desactivar conflictos y encarar un proceso de desarrollo con seguridad jurídica. También necesita contar con un banco de datos reales que permita detectar a los aprovechadores que vuelven a vender lotes adjudicados y excluirlos con sanciones penales del proceso.
Nada de eso, sin embargo, se ha planteado. Por el contrario, una vez más la respuesta es agudizar mecanismos de represión, que pueden generar hechos de nuevos enfrentamientos traumáticos, como los que se vivieron en 2012 con el famoso Caso Curuguaty, en que en un intento de desalojo de campesinos invasores de tierras apropiadas ilegalmente por un empresario socio del stronismo, murieron 17 personas (11 campesinos y 6 policías), ocasión que fue aprovechada para derrocar por juicio político parlamentario a un gobierno legalmente constituido.
La actual medida, impulsada por grupos políticos que aparentemente defienden los intereses de solo un sector de la sociedad, lleva a agudizar aún más el drama. Frente a ello, hay que tender puentes de diálogo racional para hallar salidas. Ya no debemos permitir situaciones trágicas en la lucha por la tierra.