Editorial

Una CBI que encubre en vez de aclarar sobre el acta de Itaipú

Al presentar seis dictámenes diferentes y contradictorios entre sí, los miembros de la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso que debía aclarar lo que sucedió con la polémica acta de comercialización de energía de Itaipú han terminado por encubrir aún más el hecho, ya que los diputados y senadores se han lavado las manos, sin determinar las responsabilidades en su informe final. Una vez más, los legisladores que formaron parte de la comisión han decidido proteger sus intereses sectoriales antes que favorecer a los intereses del país, en varios casos incluso convirtiéndose en cómplices de quienes causaron la mayor crisis política del actual Gobierno. Otra oportunidad desperdiciada de impedir la impunidad.

Si no fuera un asunto tan grave para la institucionalidad democrática del país, se prestaría a una risible comedia de enredos políticos. La denominada Comisión Bicameral de Investigación y Seguimiento del Acta Bilateral relativa a la contratación de potencia de la usina hidroeléctrica binacional de Itaipú, y de cuestiones relacionadas al Tratado de Itaipú, que el miércoles debía entregar su conclusión final tras tres meses de trabajo, sorprendió al no poder entregar una sola conclusión, sino que entregó seis dictámenes diferentes y contradictorios entre sí, debido a que sus diez miembros no pudieron ponerse de acuerdo en las conclusiones.

De este modo, la esperada tarea de este órgano legislativo resultó en un evidente fracaso, ya que en lugar de aclarar lo que realmente ocurrió con el acta que fue firmada en mayo último por representantes de Brasil y Paraguay para la contratación de energía de Itaipú, tras lo cual se había denunciado que los términos acordados resultaban abiertamente desventajosos para nuestro país, finalmente no aclara nada, sino que resulta aún más confuso, ya que cada sector político ha decidido simplemente proteger a sus respectivos líderes, atacando a unos y defendiendo a otros, con los cual los presuntos culpables varían en cada dictamen por separado.

Es decir, una vez más, los representantes de los distintos partidos y sectores políticos han decidido proteger sus intereses sectoriales antes que favorecer a los intereses del país y permitir que se pueda llegar a una verdad, en varios casos incluso convirtiéndose en cómplices de quienes causaron la mayor crisis política del actual Gobierno, que en su momento más álgido estuvo a punto de causar la probable destitución del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, y del vicepresidente, Hugo Velázquez, a través de un juicio político en el Congreso.

En forma llamativa, dos de los seis dictámenes determinan la responsabilidad directa del presidente Abdo Benítez, mientras que los otro cuatro dictámenes no lo mencionan, buscando protegerlo. Solo uno de los dictámenes menciona al vivepresidente Hugo Velázquez y los demás reparten responsabilidades entre el ex canciller Luis Castiglioni, el ex embajador Hugo Saguier Caballero y los ex directivos de Itaipú y de la ANDE, José Sánchez Tillería y Alcides Jiménez, aunque con visibles discordancias.

La manera en que se dio la discusión final entre los miembros de la CBI demostró que varios de ellos estaban más preocupados en evitar que sus respectivos líderes sean salpicados por las comprobaciones, antes que en ayudar a que se sepa la verdad, que teóricamente era el objetivo de la comisión creada en julio pasado.

Aunque el organismo legislativo ha decidido que los datos y testimonios que fueron recogidos durante los tres meses de trabajo queden en manos del Ministerio Público, con la idea de que puedan resultar útiles para avanzar en la investigación, el trabajo realizado por la CBI ha resultado totalmente ineficaz e incluso puede ser considerado como una tomadura de pelo a la ciudadanía, ya que no solamente no aporta nada esclarecedor, sino que además favorece a que se mantenga la impunidad en torno a los hechos que en su momento causaron conmoción a todo el país.

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