El general retirado Roosevelt César Benítez Molinas, tío del senador colorado Silvio Ovelar, ganó una demanda civil por la determinación judicial del precio de la expropiación por G. 10.556.364.881. La misma difiere en nada menos que G. 9.000.000.000 de lo que el Estado fijó.
Actualmente, la Procuraduría General de la República apeló la sentencia dictada por la jueza en lo Civil, Vivian López, el 22 de diciembre del año pasado, que favoreció al accionante.
El juicio se encuentra en el Tribunal de Apelación en lo Civil y Comercial, Sexta Sala, integrado por los camaristas Enrique Mercado Rotela, Mirta Elena Ozuna de Cazal y Osvaldo Enrique González Ferreira.
La acción fue promovida el 21 de octubre del 2019 en contra del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ante el juzgado de Karen González, pero, tras la recusación de la Procuraduría, llegó hasta el Juzgado de López.
Solicitó la fijación del precio judicial e indemnización por la expropiación de inmuebles ubicados en la zona de duplicación de la ruta PY02, en la fracción Colina Blas Garay, del distrito de Coronel Oviedo, Departamento de Caaguazú.
El Estado paraguayo había fijado el precio en la suma de G. 1.487.006.000, lo que, según el demandante, era muy inferior al precio de los inmuebles expropiados.
El Estado, al contestar la demanda, ratificó el precio fijado por el Consorcio Icatecsi, dentro del proceso administrativo realizado por el MOPC. Además, rechazó la validez de los documentos presentados por el accionante junto con la demanda.
PERICIAS. En el juicio, se presentaron dos pericias. La del Arq. Mateo Nakayama, nombrado por el Juzgado, que concluyó que el valor del inmueble era de G. 10.456.364.881, o USD 1.486.757.
Además, la pericia hecha por el licenciado Miguel Ángel Vargas, que estableció el precio en la suma de G. 11.308.235.180, o su equivalente en USD 1.620.091.
Al final, la magistrada determinó que el precio justo para la expropiación era la suma fijada por el perito del Juzgado, que lo estableció en G. 10.456.364.881.
Ante esto, el Estado paraguayo, a través de la Procuraduría General de la República, planteó los recursos de nulidad y de apelación en contra de la sentencia dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial.
El recurso quedó ante el Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Sexta Sala, que le dio trámite al recurso y corrió traslado del mismo al abogado Christian Melgarejo Busto, que representa al general retirado Roosevelt César Benítez Molinas, que contestó el recurso. Ahora, los camaristas Enrique Mercado Rotela, Mirta Elena Ozuna de Cazal y Osvaldo Enrique González Ferreira estudian los recursos planteados por la Procuraduría, actualmente a cargo del procurador Jorge Rafael Caballero.
En el caso, si se confirma, el Estado paraguayo deberá pagar nada menos que 9.000 millones de guaraníes más de lo que se determinó en principio por los inmuebles.
De acuerdo con fuentes, hay fuerte presión de parte del legislador, sobrino del accionante, para que el fallo sea ratificado en segunda instancia.
Compradores de lotes protestan
El inmueble del cual el general retirado Roosevelt Benítez reclama la fijación del precio y la indemnización, según los pobladores de la zona de Ciudad Nueva de Coronel Oviedo, había sido loteado y vendido, a través de una empresa inmobiliaria. El precio fue cancelado por los compradores, pero el ex militar se habría negado a la transferencia y planteado la demanda contra el Estado. Con ello, varios de los compradores también reclaman indemnización al MOPC, tras verse afectados por la obra.
