Opinión

Sinsabores de la pérdida de poder

Fernando Boccia Torres - fernando-boccia@uhora.com.py

Fernando BocciaPor Fernando Boccia

En teoría no debería importar quién es el presidente de la República para que la Justicia funcione. Para eso está la división de poderes del Estado. Sin embargo, el tiempo siempre termina dejando al desnudo al sistema judicial. En las últimas dos semanas, apenas tres meses del nuevo Gobierno, dos altos funcionarios del Gobierno de Horacio Cartes fueron imputados por presuntos hechos de corrupción.

Ludovico Sarubbi, ex presidente de la Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (Essap), fue procesado junto a otros 39 funcionarios como responsable de un perjuicio patrimonial a la institución de G. 17.000 millones. La Fiscalía sostiene que Sarubbi y varios gerentes de la empresa estatal montaron un esquema que implicaba la firma de órdenes de pago y cheques para la compra de productos en carácter de anticipo. Los montos superaban el límite que se tenía para este tipo de desembolsos “urgentes” y, siempre según la investigación de más de un año de la Fiscalía Anticorrupción, no hubo contraprestación. Se sospecha que hubo gastos en productos y servicios que nunca llegaron a la Essap, que no se rindieron cuentas sobre esto y que todo fue tolerado por el titular de la institución.

El caso en sí fue detectado en setiembre de 2017 por una auditoría que le costó el puesto a Sarubbi, otrora hombre fuerte del cartismo. Tan jugado estaba por su movimiento que antes de las elecciones municipales de 2015 llegó al ridículo de advertir al electorado, casi como una coacción, que él “no podría” trabajar con Mario Ferreiro de ser electo intendente de Asunción.

Como si esto no fuera suficiente para el hombre, días atrás la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas abrió una investigación por presuntas irregularidades en un millonario contrato firmado durante su administración. Se trata de la compra de un software para la gestión comercial de la Essap que nunca fue proveída, a pesar de que la aguatera desembolsó a la empresa chilena Aqualogy USD 1,5 millones. El actual titular de la Essap, Natalicio Chase, ya anunció que con la garantía de fiel cumplimiento del contrato no se podrá recuperar ni la mitad de lo gastado.

El otro duro golpe que recibió el cartismo esta semana fue al ex titular del Instituto de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), Justo Pastor Cárdenas. Fue imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, por no poder justificar G. 2.644.701.082, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción. La pesquisa indica que entre julio de 2008 a julio de 2018 el ex colaborador de Cartes tuvo un ingreso de G. 5.364.894.000 y un egreso de G. 8.009.595.082. Todo esto, teniendo en cuenta sus ingresos en la función pública y en el sector privado. También indagan a sus hijos por supuestamente participar en el lavado del dinero ilícito.

Con este caso, se vislumbra un patrón: El caso es investigado por el Ministerio Público desde hace más de un año pero recién lo imputan luego de que el cartismo abandonase el Palacio de López. En este tiempo, Cárdenas se pasó minimizando las acusaciones y amenazando a periodistas que lo investigaban.

Desde hace años que fiscales y jueces, algunos en funciones y otros al salir del cargo, advierten que la injerencia política ya es insostenible en el sistema de Justicia y que las presiones desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados o desde el Consejo de la Magistratura se volvieron una parte cotidiana del trabajo. Óscar González Daher y Jorge Oviedo Matto son cadáveres políticos pero la idea que ellos representan está viva y coleando en los pasillos de los juzgados y fiscalías.

El problema reside en que los cambios necesarios dependen de aquellos que se benefician con el sistema. Si la clase política no reacciona, tendremos que esperar otros cinco años para saber cómo se usó el dinero de todos.

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