El pleno del Senado debatió en una sesión extraordinaria sobre la modificación parcial y temporal del artículo 154 de la Ley 834/96 que establece el Paraguayo, a los efectos de suspender las elecciones municipales de este año, en tanto dure la pandemia del Covid-19 declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).
La propuesta incluye también la prórroga de los mandatos de las autoridades municipales, intendentes y concejales.
El proyecto ya cuenta con la media sanción de la y ahora deberá ser tratado en Diputados.
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La normativa plantea la postergación hasta por un año de los comicios partidarios, que estaban previstos para el 12 de julio, y las municipales que debían realizarse el 8 de noviembre.
Con la iniciativa, el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) deberá confeccionar el calendario correspondiente.
El mandato de los intendentes y miembros de Juntas Municipales de todo el país se extenderá también hasta la asunción de las nuevas autoridades electas.
Como esta modificación es temporal debido a la emergencia sanitaria por el , se acordó que trascurridos los plazos fijados en esta ley, la modificación quedará sin efecto.
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Senadores de diferentes sectores expresaron su posición a favor de la iniciativa en la que se presentaron tres proyectos, y luego fueron unificados. Los legisladores Enrique Riera, Abel González y Stephan Rasmussen presentaron cada uno un proyecto.
“Lo que podríamos hacer es excepcional, tenemos que establecer que por esta pandemia, vamos a suspender las elecciones municipales, tanto internas como generales hasta que la OMS levante la pandemia”, señaló Juan Darío Monges.
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Por su parte, Riera mencionó que “la actividad política es de contacto personal por excelencia” y que por ello era necesario suspender las elecciones de este año.
Los senadores liberales Enrique Salyn Buzarquis y Víctor Ríos fueron los que se mostraron ciertamente en desacuerdo con el proyecto.
Buzarquis alegó que era muy “apresurado” el estudio del mismo y que todavía “había tiempo”, mientras que Ríos atinó una posible “violación a la Constitución Nacional”, pero se rectificó diciendo que no era tal su posición, puesto que se entiende que la decisión es tomada por una coyuntura excepcional.