El suceso fue recordado hoy por un grupo de deudos de las víctimas, que se reunió en una misa celebrada en privado en la iglesia de Santa Ana, en los Barrios Altos, una zona antigua del centro histórico de Lima.
“Barrios Altos es un caso no solo emblemático por la brutalidad y particular perversión con que se comete, sino por la forma en que a partir de él se han logrado éxitos y avances sustanciales en materia de derechos humanos a nivel internacional”, señaló hoy a Efe el abogado Carlos Rivera, del Instituto de Defensa Legal (IDL).
Durante la noche del 3 de noviembre de 1991, los integrantes del grupo Colina ingresaron a una reunión en una casona en los Barrios Altos, y ametrallaron con armas de guerra a los presentes.
El ataque dejó 15 personas muertas, entre ellas el niño de 8 años Javier Ríos, además de a otras cuatro personas gravemente heridas.
El grupo Colina cometería luego numerosos crímenes y violaciones a los derechos humanos, como la incursión en la universidad de educación La Cantuta, al este de Lima, donde en 1992 secuestró, torturó, asesinó e hizo desaparecer a 8 estudiantes y un profesor, a los que acusó de pertenecer a la organización Sendero Luminoso.
Rivera, quien tuvo a su cargo la defensa de los familiares de las víctimas en el proceso que se siguió en 2009 contra Fujimori, considerado el creador e impulsor del grupo Colina, apuntó que “Barrios Altos es un hecho que constituye una expresión de la estrategia particularmente brutal de resolver el problema del terrorismo”.
Agregó que esta matanza también se convirtió “en un caso histórico para el movimiento de derechos humanos, para la lucha de las víctimas de todos los tiempos y en una suerte de hito de la acción de la justicia en el Perú”.
Esto se dio, según dijo, porque hubo magistrados, como la fiscal Ana Cecilia Magallanes y la jueza Antonia Saquicuray, que decidieron investigar y abrir un proceso “en una época en que había un control absoluto del Poder Judicial” por parte del régimen de Fujimori.
El informe final que presentó la Comisión de la Verdad y Reconciliación en el 2003, afirmó que el gobierno de Fujimori “impidió deliberadamente la investigación del crimen mediante mecanismos legislativos y judiciales, encubriendo y obstaculizando la sanción de los responsables”.
En junio de 1995 el Congreso dominado por Fujimori votó una ley de amnistía para militares y policías implicados en violaciones de derechos humanos y ordenó suspender y archivar cualquier investigación contra ellos, como las que se habían abierto contra el grupo Colina.
Sin embargo, la jueza Saquicuray declaró que esa ley no se podía aplicar al proceso de Barrios Altos por ser un crimen de lesa humanidad, por lo que el Congreso dio una nueva ley que estableció que la amnistía no podía ser revisada por ningún juez.
Tras la caída del régimen de Fujimori, en el año 2000, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resolvió el 14 de marzo de 2001 que esas normas eran incompatibles con la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó al Estado Peruano que investigara los sucesos de Barrios Altos.
El proceso fue reabierto ese mismo año, hasta que el 1 de octubre del 2010 se emitió una condena a 25 años de prisión para el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y los exgenerales Nicolás Hermoza, Juan Rivero Lazo y Julio Salazar, por estos actos, así como contra los integrantes del grupo Colina.
Incluso antes, en abril del 2009, la Sala Penal Especial de la Corte Suprema condenó al expresidente Fujimori a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta.
Rivera agregó hoy, al respecto, que el caso marcó “un hito y una pauta en la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y que luego continuó “una trayectoria sobresaliente en la justicia peruana”.
“No solo ayuda a entender la lógica de los crímenes de derechos humanos en los años 90, y marca un hito fundamental en cuanto al proceso judicial contra Fujimori, quien es extraditado desde Chile por crímenes de derechos humanos y en abril de 2009 se logra esta sentencia histórica”, concluyó.
David Blanco Bonilla
