La criminal brutalidad de los miembros del grupo armado que se auto-denomina Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) se encuentra fuera de discusión, desde que se conocen las violentas ejecuciones de personas realizadas en los últimos años, como la decapitación de una humilde mujer campesina con el uso de explosivos o los fusilamientos de peones y de familias de productores, pero hasta ahora no se habían conocido casos en que los propios ejecutores graben imágenes del momento en que cometen sus asesinatos y luego los difundan, emulando prácticas que se atribuyen a grupos terroristas fundamentalistas como Al Qaeda o el Estado Islámico (IS).
En general, la mayoría de los organismos de seguridad especializados de los gobiernos que se enfrentan a acciones de grupos terroristas han elaborado protocolos internacionales, según los cuales deciden no negociar con ellos, no acceder a sus chantajes y mucho menos acceder a difundir materiales fotográficos o audiovisuales en los que registran el momento de cometer sus asesinatos. Tal como lo dijo en una oportunidad la entonces primera ministra del Reino Unido, Margaret Thatcher: “Tenemos que encontrar la forma de privar a los terroristas del oxígeno de la publicidad del cual dependen”.
Por ello no deja de ser sorprendente que el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, haya convocado en la víspera a una conferencia de prensa para exhibir ante los periodistas un breve video en el que se observa el momento en que los miembros del EPP asesinan con el método de un fusilamiento a sangre fría al ciudadano brasileño Valdir de Campos, tras un ataque a la estancia El Ciervo, en la zona de San Pedro, ocurrido el pasado lunes 19 de noviembre, como supuesta represalia por violar las “leyes revolucionarias” del grupo.
El ministro buscó justificar la difusión del material en el intento de mostrar “cómo en un acto absolutamente miserable arrebatan la vida a una persona por el solo hecho de estar ahí, para solamente provocar un efecto, una comunicación de un mensaje”. También dijo que lo hacía “para que nadie nunca pueda suponer que el combate a esta gente vulnera un solo derecho humano”.
Sin embargo, la intención de provocar mayor indignación o conciencia en la población no es un justificativo suficiente para caer en una divulgación de los métodos de los asesinos.
Lo que se requiere es que el Estado brinde resultados más concretos en la lucha contra la violencia criminal armada y que se derrote a los grupos criminales como el EPP, en favor de la seguridad ciudadana, en vez de propagar la barbarie con la que actúan estos delincuentes.