La ley para la Supervisión, Gestión y Estabilización económica de Puerto Rico (Promesa) fue promulgada por el presidente estadounidense, Barack Obama, y aprobada por el Congreso de ese país, del que la isla es un Estado Libre Asociado, en junio de este año, y contiene una cláusula que establece un periodo de litigación con los acreedores para buscar una solución al problema.
Puerto Rico se declaró en mora después de que fuera imposible contar con fondos para normalizar los pagos de una deuda ascendente a 70.000 millones de dólares.
“Los acreedores continúan luchando por debilitar la Ley Promesa”, señaló Grace Santana, secretaria de la Gobernación de Puerto Rico, en un comunicado difundido por La Fortaleza, sede del ejecutivo.
“Con ello están poniendo en peligro la posibilidad de un proceso justo y ordenado de reestructuración de la deuda”, agregó.
“Es un hecho que el presidente Obama, el Congreso de Estados Unidos y el recién designado directorio de supervisión coinciden en que la litigación es esencial para resolver la crisis fiscal y estabilizar la economía de Puerto Rico”, agregó.
Santana directamente acusó a los “fondos buitre de esforzarse por sacar cada centavo a Puerto Rico a costa de sus ciudadanos y de los inversores menos sofisticados”, dijo.
“No podemos perder de vista el hecho de que conseguir el máximo de ganancias continúa siendo su único objetivo”, concluyó.
Varios fondos de inversión han solicitado levantar la suspensión automática de litigios que está establecida en la Ley Promesa.
