Por Raúl Ramírez Bogado
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Sustanciar audiencias orales ante la Corte Suprema de Justicia en los casos más significativos, para ejercer un control sobre las actuaciones de los ministros, es el anteproyecto presentado por el grupo Iniciativas Ciudadanas.
El pedido hecho ante la presidenta Alicia Pucheta de Correa incluye una propuesta de acordada de 23 artículos, donde especifican los casos y el procedimiento a realizar para los recursos extraordinarios de casación, o los de revisión, estudiados por la Sala Penal. El proyecto se basa en el Código Procesal Penal.
La alianza ciudadana está integrada por gremios de la sociedad civil, de abogados y organizaciones campesinas. La misma se integró a iniciativa del Inecip-Paraguay, con apoyo de los organismos internaciones CIRD y USAID.
Consultados, representantes de la Fiscalía y la Defensa Pública coinciden en que sería un trámite importante y necesario. La cuestión está en que no serían todos los juicios, según el documento.
La propuesta es oralizar por lo menos el 16,6% de las causas. Entre el 2001 y el 2005, la Sala Penal resolvió 531 recursos de casación y 170 recursos de revisión. Es un volumen importante de casos.
PROCESO. El anteproyecto propone que se hagan por lo menos dos audiencias públicas y orales por mes, preferentemente en fechas fijas, los lunes, por ejemplo. Cita las causas más significativas para ser llevadas adelante.
El sistema propone que sean audiencias públicas y orales. Cita los requisitos para la presentación de los recursos, y hasta propone sanciones para las secretarías del Tribunal de Apelación que no faciliten las copias autenticadas de los fallos impugnados.
Habla de los traslados en plazos breves, de 24 horas, y hasta facultades de oficios para los que no cumplen con ellos. También está prevista una oficina de admisibilidad; es decir, para determinar si se cumplen con los trámites formales. Si pasa esta etapa, y el caso lo amerita, se fijará la audiencia.
En el anteproyecto se pauta el tiempo para las recusaciones e inhibiciones de los ministros, para luego hablar de las audiencias. En las mismas se tratarán dos cosas: La fundamentación del recurso o, en su caso, la sustanciación de pruebas, como se realizan en los juicios orales. Otro punto tocado son las suspensiones de las audiencias y hasta la fundamentación final de las partes y el cierre del debate.
Finalmente, el fallo debe darse tras la deliberación, en forma oral. Sin embargo, el plazo para dar a conocer los argumentos por escrito es de un mes. El acusado, si lo absuelven, saldrá en el acto.
Las causas elegidas
El anteproyecto propone los cinco casos que podrían ser sustanciados en forma oral con este procedimiento:
a) Los hechos punibles contra la vida o el patrimonio con pluralidad de víctimas o que hayan causado gran impacto social, donde haya condenas de más de 10 años.
b) Los hechos punibles de corrupción pública, cuando la condena sea mayor de 5 años. Se entiende por los casos previstos en la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Corrupción.
c) Los hechos punibles de violación de derechos humanos cometidos por funcionarios públicos.
d) Los hechos punibles contra el medio ambiente, cuando hayan causado grave perjuicio o alarma social y haya condena de por lo menos 5 años; y,
e) el crimen organizado, cuando existe condena de por lo menos 10 años.
“Transparentar un poco la actuación”
El fiscal adjunto Marco Alcaraz fue uno de los consultados sobre el anteproyecto. “Considero que los principios del nuevo proceso penal tienen que estar incorporados en todas las etapas del proceso. En la preparatoria, preliminar, juicio oral y la parte recursiva”, dijo.
“Tienen que darse todos ellos a lo largo de las sustanciación de un caso penal determinado. Es decir, tiene que haber oralidad, inmediación, concentración. Todos esos principios cardinales del nuevo sistema penal”, acotó.
“De manera que si lo tenemos en primera instancia, por llamarlo de alguna manera así, donde se producen las pruebas, también deberíamos tenerlo en algunos casos y eso no solamente a nivel de cámara, podría ser a nivel de Corte”, sostuvo.
El fiscal adjunto habló de casos de revisión que se dieron últimamente. “Es una manera de seguir con la línea del proceso penal y transparentar un poco la actuación de los poderes públicos al llevar los casos y sustanciar en audiencias orales y públicas, de manera que toda persona que tenga interés en saber cómo va el proceso o cómo funciona el sistema puede presenciarlo”, aseguró.
“Que se implemente en todos los fueros”
La defensora general, Dra. Noyme Yore Ismael, se mostró totalmente de acuerdo con el tema. “Ojalá que este proyecto prospere y se implemente en la brevedad. Es más, yo le planteé al entonces ministro Elixeno Ayala. Le había dicho la necesidad de que los juicios en general, incluso los del fuero civil, sean juicios orales, por la agilidad, por la rapidez con que se resuelven los casos”, opinó.
“No está pendiente la ciudadanía, las personas afectadas a ese proceso y los jueces hacen rápido su trabajo. Desde luego que nos va a exigir un rendimiento mucho más fuerte vamos a decir. Nos va a exigir más rendimiento, pero creo que va a ser efectiva esa implementación de juicios orales”, indicó.
“Ojalá que se hagan no sólo en la Corte, sino también los juicios en el fuero civil. Porque de alguna manera el Penal ya está. De la Niñez y la Adolescencia ya está y el de Laboral, prácticamente, también.
Más que nada teniendo en cuenta la morosidad que existe. Si habilitan las salas y con la urgencia requerida y aunque no sea requerida la rapidez, que se hagan los juicios orales. Hace mucha falta la oralidad en todas las circunstancias”, dijo.